Olas, sí; marejada interna, no

La crisis provocada esta semana en Madrid por la traición de dos diputados autonómicos socialistas ha puesto de relieve algo que habíamos olvidado: que hay sectores de la derecha sociológica y económica capaces de montar cualquier operación para evitar que una coalición como PSOE-IU controle zonas de poder relacionadas con el urbanismo y la vivienda. Sectores que se encuentran muy cómodos con los populares y que son capaces de cualquier cosa para evitar que el PP pierda áreas de poder. Tenemos que recuperar la memoria". Este convencimiento expresado por un diputado socialista es compartido por la mayoría de los militantes del PSOE, y es lo que ha permitido, hasta ahora, que el partido encajara el escándalo de la Comunidad de Madrid sin grandes marejadas internas y sin que nadie pusiera en duda la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero.

Muchos dirigentes del PSOE reclaman una reacción tajante que no se limite a expulsar a los corruptos, sino que mejore la forma de elegir a los candidatos

La reacción del PSOE ha sido insospechadamente calma cara al exterior, e incluso se han congelado las protestas por el hecho de que la gestión de la crisis haya quedado en manos de un pequeño grupo integrado por el propio Rodríguez Zapatero y su núcleo más cercano: Jesús Caldera, Pepe Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, en los primeros días del escándalo no se celebró ninguna reunión del comité permanente del grupo parlamentario. "Nos han dicho que estemos tranquilos, que están investigando, y todos estamos haciendo exactamente eso, esperar a que nos digan por dónde salimos", explica un veterano diputado socialista.

Los parlamentarios confian en que el gabinete de crisis termine encontrando las pruebas que vinculen la operación de acoso y derribo de Rafael Simancas y Fausto Fernández a intereses económicos concretos.

La inmensa mayoría de los responsables del PSOE, en Madrid y fuera de esa comunidad, considera, sin embargo, que la traición de los dos diputados ha causado ya graves daños, difíciles de contrarrestar, porque ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad del partido, de sus dirigentes y de sus candidatos. Muchos militantes reclaman una reacción tajante que no se limite a la expulsión de los cargos corruptos, sino que también mejore la forma en la que se designan los candidatos.

Algunos, incluso, piden un gesto: la reelaboración de las listas electorales a la Comunidad de Madrid en el caso de que finalmente se convoquen nuevas elecciones. "Muchos dirigentes y militantes del PSOE queremos que el proceso no quede en las manos exclusivas de Pepe Blanco", asegura un ex dirigente socialista. "Se quiera o no, se ha roto un poco la confianza en su equipo, y ahora todos vamos a estar más vigilantes", añade.

Mantener un proyecto

"La primera ocasión para demostrar que hemos reaccionado será comprobar si la lista anterior de Madrid y la nueva tienen algunas diferencias", explica otro dirigente autonómico. "Los partidos son ahora un conjunto de propuestas y un equipo de personas para llevarlas cabo. Y los ciudadanos no se creen las propuestas si no confian en el equipo", prosigue.

Entre algunos de estos militantes ha circulado esta semana la idea de que Rodríguez Zapatero designe personalmente una comisión especial de ética, integrada por personalidades intachables del partido, que se encargue de controlar las listas electorales una vez elaboradas por la clásica comisión de listas. Este organismo, u otro parecido, sería el encargado de sacar a cualquier candidato sobre el que existiera la menor sospecha de incompatibilidad.

"Tenemos que luchar por explicar que esto es una maniobra intencionada y dejar claro que mantenemos nuestro proyecto con Zapatero al frente", asegura un dirigente socialista que tuvo responsabilidades en etapas anteriores de gobierno. Uno de los primeros dirigentes socialistas en salir al paso de cualquier descalificación fue Pasqual Maragall, que publicó en La Vanguardia un artículo titulado 'Zapatero: dignidad y esperanza'.

El dirigente catalán defendía a Zapatero como la única posibilidad de reconducir algunos de los más graves problemas que empieza a padecer la sociedad española, como la desatención de los servicios públicos, educación y sanidad, que terminará cayendo como una losa sobre los ciudadanos (como cayó sobre los británicos la política de Margaret Thatcher); el enquistamiento y radicalización de los problemas en el País Vasco (mucho peor ahora que hace 10 años), o el nuevo giro en política exterior (el pasado jueves, Alemania y Francia se abstuvieron en la ONU ante la exigencia de que todos los soldados y civiles norteamericanos sean inmunes frente a la Corte Penal Internacional, mientras que España votó, una vez más, a favor de Washington).