El Laboratorio ha cambiado de sede tres veces desde que inmigrantes, vecinos y ecologistas lo abrieron en 1997
El Laboratorio nació en el barrio de Lavapiés en abril de 1997. Un grupo de okupas que había sido desalojado un mes antes de otro edificio en La Guindalera (Salamanca) decidió, junto a Ecologistas en Acción, Sodepaz, SOS Racismo, CGT y asociaciones de inmigrantes, tomar el abandonado Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), en Embajadores, 68, para usarlo como centro social y cultural. En él permanecieron hasta su desalojo, en diciembre de 1998.
El artículo 245 del Código Penal castiga la okupación, tipificada como usurpación, con multas de tres a seis meses, reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia decidió archivar la causa penal abierta contra las 604 personas -entre ellas diputados de IU y artistas- que se habían autoinculpado en favor de los okupas de este Laboratorio I. El alto tribunal consideró que no cometían delito porque su finalidad era "política", ya que pretendían -y pretenden- denunciar la existencia de inmuebles vacíos en un Madrid cada vez más caro y sin centros donde los jóvenes puedan organizar actividades.
Fieles a su consigna de un desalojo, otra okupación los promotores del Laboratorio se buscaron otra sede: el 6 de enero de 1999 entraron a un bloque de pisos que llevaba dos décadas vacío en la plaza de Cabestreros. El propietario los denunció y los okupas volvieron a conseguir una sentencia favorable: el Juzgado de Instrucción 43 archivó la causa penal abierta contra ellos por considerar que no cometían delito alguno por usar un inmueble abandonado durante tanto tiempo.
Los dueños del edificio recurrieron ante la Audiencia Provincial y ésta reinició el proceso pese a que reconocía "tener reservas frente a la opción legislativa de criminalizar estos actos". Finalmente el desalojo se ejecutó el 28 de agosto de 2001.
La tercera y, hasta ahora, última sede del Laboratorio ha sido la antigua imprenta Samarán en Amparo, 103, okupada el 9 de febrero de 2002. Hace un año el Juzgado de Instrucción número 11 ordenó la expulsión de los okupas "para ejecutar unas obras obligadas por el Ayuntamiento para garantizar su seguridad". Pero ellos recurrieron y el juez decidió "no echarlos por el momento", tras comprobar que el Consistorio había reparado ya el inmueble. Tuvo también en cuenta las numerosas actividades (conciertos, jornadas sobre urbanismo, inmigración y otros temas sociales, talleres, exposiciones) que se realizaban en la finca.
En abril, tras recurrir los propietarios a la Audiencia Provincial, el juzgado dio un plazo de una semana a los okupas, que luego se alargó por cuestiones legales, para abandonar el edificio. Ellos se negaron e iniciaron un encierro. Pero ya fue inútil.
