Responsabilidad

Si la territorialidad no fuera en Euskadi y Navarra la base desde donde se desarrolla el proceso soberanista del nacionalismo, las trifulcas y disensos entre los partidos constitucionalistas tras las últimas elecciones podrían tener menos trascendencia. Si aquí existiera una normalidad política, esas discusiones y mercadeos entre el PP y el PSE sobre la constitución de los gobiernos locales y provinciales, incluso las fobias personales, tendrían sentido; pero no existe esa normalidad que se disfruta en otras partes de España. Ya se ha encargado ETA de recordarlo matando a dos agentes de policía en Navarra. Las cosas han llegado tan lejos, no sólo por el acoso terrorista, sino por el proceso de secesión que nos espera, potenciado por el resto del nacionalismo, que la llamada a la responsabilidad a los partidos citados es fundamental. Si no es un cuento que estén defendiendo la vida, la libertad, la seguridad -lo previo, los fundamentos de la convivencia, que en todo país moderno se traduce en una Constitución-, cualquier contradicción partidista entre partidos democráticos debiera pasar en Euskadi y Navarra a un segundo lugar. Si no hay conciencia de ello, de que lo prioritario es salvaguardar el marco de convivencia, más vale olvidarnos de que vivimos en un Estado democrático; viviríamos, en todo caso, en un país con un sistema de partidos.

Se requiere responsabilidad ante lo que nos espera. Porque no es sólo que ETA vuelve a matar, sino que, en las actuales condiciones políticas a Ibarretxe, no le queda más remedio que acelerar la propuesta de su plan. Lo tiene que hacer antes de que ETA decida dejar la lucha armada, pero sobre todo antes de que Batasuna tome conciencia de su difícil situación y opte por la creación de una formación política, que, huyendo del descaro con el que ha constituido AuB, le permita participar en el marco institucional. Ibarretxe tiene que sacar adelante su proyecto sin oposición en el seno del nacionalismo y liderando a todo su conjunto, y qué mejor ocasión para acelerarlo, y sorprendernos incluso, que unas elecciones anticipadas, que, de no presentarse un sucedáneo legalizado del radicalismo nacionalista, le daría la mayoría absoluta.

Mientras tanto, tenemos a Odón Elorza pensando en la política aislacionista de San Sebastián, sin compromiso constitucional, declarando oferta envenenada al apoyo del PP. Pero puede ser más grave una discusión a todo grito en Álava, donde el secretario general del PSE de esta provincia reclama la presidencia de la Diputación a pesar de que tiene cuatro junteros menos que el PP. Y va ETA y asesina, y nos recuerda en qué país vivimos. Además, a poco que se reflexione, uno ve venir el gran maremoto del plan Ibarretxe. Cuando el general Pavía entró con su caballo en el Congreso de los Diputados, sus señorías discutían sobre los aranceles a los farolillos de papel importados de Filipinas. Si no hay acuerdo entre los constitucionalistas, montémonos todos en el carro nacionalista, por encima de nuestros credos, y sobrevivamos, como hicieron nuestros padres durante los cuarenta años de franquismo.

El espectáculo por el mercadeo para acceder en la Diputación de Alava puede mellar la moral más alta. Se debiera exigir que se ponga por delante el proyecto de convivencia democrática antes que las apetencias partidistas. Sería deseable que nadie alardeara de sus habilidades en las negociaciones para poner al otro partido contra las cuerdas. Porque en estos momentos no se trata sólo de qué partido constitucionalista gestiona tal institución, sino si de verdad entre ambos van a hacer política con mayúsculas, defensa de los derechos del ciudadano, del Estado de Derecho, de la unidad civilizadora del Estado. Máxime, cuando la situación política creada en el País Vasco, al conformarse un solo bloque nacionalista tras la ilegalización de Batasuna, va a otorgar al dominio de cada institución un carácter de plebiscito sobre si la población de ese lugar, en plena idolatría de la territorialidad nacionalista, está a favor o no de la convivencia o, por el contrario, a favor del proceso soberanista.

Por eso la llamada a la responsabilidad ha de ser más fuerte que nunca. No sólo el Pacto por las Libertades puede estar en entredicho ya, sino la misma Constitución, porque la pugna entre el PSOE y el PP puede estar pasando hoy por encima de cualquier principio político.