La falta de medios impide aplicar con eficacia la Ley del Menor

Los centros de internamiento para menores están saturados y no cuentan con medios adecuados. No hay apenas centros terapéuticos para los adolescentes con trastornos mentales o drogodependientes. Éstas son algunas de las conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre las graves carencias de las comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley del Menor.

El Servicio de Inspección de la Jurisdicción de Menores constata que no existen plazas suficientes en los centros de internamiento en régimen cerrado y semiabierto y que no todas las provincias cuentan con centros de este tipo. Esta situación, según los magistrados acarrea, entre otras cosas, el desarraigo familiar y social del menor y el retraso en el cumplimiento de la pena, lo que deja "sin todo el sentido y eficacia la medida impuesta".

La falta de estructuras adecuadas también genera que no se pueda poner en marcha el catálogo de medidas alternativas al internamiento, como el arresto de fin de semana.

El Consejo General del Poder Judicial denuncia la inexistencia, con carácter general, de centros autonómicos que se dediquen a medidas terapéuticas y asistenciales para los menores con problemas de drogadicción, de modo que estos tienen que ser remitidos a los servicios generales de salud o a centros privados concertados. Esta situación, según el Poder Judicial, "deja sin toda su efectividad la medida impuesta".

El régimen abierto también se está viendo afectado por la escasez de medios. Al no haber plazas suficientes y al faltar educadores y equipos especializados, los menores han de cumplir sus penas en reformatorios, y con frecuencia incumplen la medida de libertad vigilada.

El informe del CGPJ recaba la información sobre los centros existentes en cada provincia, el régimen de los mismos, su capacidad, así como las recomendaciones que consideran necesarias. Éstas son sus principales conclusiones:

- Aragón: El único centro de internamiento, compartido con La Rioja, Navarra y el País Vasco, obliga a desplazar al menor fuera de su comunidad. Los magistrados denuncian la escasez de medidas de seguridad y el riesgo de fugas.

- Asturias: Los centros de protección de menores presentan una falta de educadores para llevar a cabo la labor de prevención. Además, sólo hay un centro para aplicar internamientos cautelares, cerrados, semiabiertos y abiertos, y no existen centros de internamiento terapéutico.

- Castilla y León: Faltan centros de detención y de internamiento provisional de menores, así como profesionales para implantar medidas terapéuticas.

- Castilla-La Mancha: Escasez de centros de día y de plazas en centros de reforma.

- Cataluña: Los centros, a pesar de estar correctamente acondicionados, son escasos y se encuentran desbordados. Además, en Lleida no se imponen medidas de libertad vigilada, por no existir medios para su supervisión.

- Extremadura: Hay un solo centro en Badajoz, sin medios eficaces para los jóvenes con problemas graves de drogodependencia.

- Galicia: Los jueces destacan la gran distancia entre los centros de internamiento y los domicilios de los menores y los juzgados. Además, denuncian que la falta de personal puede provocar problemas de seguridad a los menores y a los profesionales que efectúan su trabajo con ellos.

- Madrid: Insuficientes centros de internamiento terapéutico, falta de personal especializado para las terapias, nula separación de los internos en función de la edad o conflictividad, y demoras en la remisión de informes de seguimiento de libertades vigiladas, son algunos de los problemas que los magistrados observan en la aplicación de la ley en Madrid.

- Murcia: Los jueces señalan que esta comunidad cuenta con centros suficientes, hasta el punto de convertirse en centro de recepción de menores de otras comunidades, pero carece de un centro de detención.

- La Rioja: Carencia manifiesta de centros y derivación de menores a otras comunidades.

- Valencia: Los centros son insuficientes y no hay ningún centro terapéutico.