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Los empleados de autobuses privados de Vizcaya dicen que puede haber más conflictos

Sindicatos y patronal discrepan sobre el alza salarial impuesta por el laudo obligatorio

Los cuatro principales sindicatos del sector de los autobuses privados en Vizcaya, que estuvo 46 días de huelga, advirtieron ayer de la posibilidad de nuevos conflictos en septiembre si las empresas no contratan a sus trabajadores tras el verano. "Si alguien tiene la intención de no renovar contratos cuando terminen los periodos escolares, septiembre puede ser un mes negro", dijo el portavoz de UGT, Pedro Angulo.

Las centrales sindicales se refieren a los trabajadores "fijos discontinuos" que realizan su labor en función de la demanda existente, que en verano baja por la falta de actividad escolar. "Sólo hacemos un llamamiento, no es una amenaza", precisó Angulo. Los portavoces sindicales mostraron ayer su malestar por lo que consideran el incumplimiento del laudo obligatorio que puso fin a la huelga que se desarrolló entre el 18 de marzo y el 3 de mayo. Rechazaron la aplicación de la subida salarial dictada por el árbitro, que los empresarios interpretan en dos conceptos -salario base y el plus convenio- mientras que los trabajadores afirman que debe aplicarse únicamente sobre el salario base.

Sindicatos y patronal se reunieron ayer en la comisión paritaria creada también por el laudo para tratar sobre este asunto y el de las denominadas horas de presencia. Tras la reunión, los trabajadores han pedido por carta al árbitro que aclare cómo se debe aplicar la subida salarial. El jueves se resolvió también el conflicto creado por el despido de un empleado de la empresa Gogotour que participó en los paros. En el acto de conciliación la empresa readmitió el empleado.

Por otro lado, el consejero de Interior, Javier Balza, ha afirmado que en las tres primeras semanas de la huelga de los autobuses privados se contabilizaron un total 85 ataques a autobuses, a consecuencia de los cuales se trasladaron a los juzgados 11 atestados. En una respuesta parlamentaria escrita al PP, Balza se refirió al dispositivo específico de seguridad montado en esas fechas, "incrementando la presencia policial en los puntos considerados más sensibles".

Los empresarios se quejaron durante la huelga de la escasa efectividad policial ante los ataques a autocares, que según sus datos superaron los 200 y causaron daños por un valor cercano al millón de euros.

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