Un recuento lento, frío, mecánico...

Las manos de Pilar son recias, grandes y trabajan rápido. Agarran un lector de código de barras como el de los supermercados. Con él se leen los datos personales de los madrileños residentes en el extranjero que han votado por correo en las elecciones del 25-M. El proceso resulta frío, mecánico: se abre una carta, se saca la tarjeta censal, se lee el código de barras que ésta contiene y que identifica al votante, se extrae la papeleta con el voto y se introduce en la urna. Aquí, al presidente de la mesa electoral lo sustituye un código de rayas negras y al vocal que apunta los nombres, un aparato de infrarrojos. Lo único que no cambia es la urna color sepia.

Este mecanismo autómata bullía ayer de vida. Los interventores del PP, PSOE e IU, situados a las espaldas de Pilar y de otros 50 funcionarios de la Oficina del Censo Electoral como ella, llegaron hasta los gritos por un "quítame allá ese voto". Cada papeleta, cada carta, cada tarjeta censal se disputó ardorosamente aun con la certeza de que el resultado de los comicios estaba decantado de antemano.

Helena Almazán, número seis en la lista del socialista Rafael Simancas, buscaba explicaciones a la concienzuda actuación de los interventores populares: "Esto va a retardar aún más el proceso, es toda una maniobra para diluir la victoria de la izquierda". La apoderada general del PP en el recuento, Pilar Busó, tenía otra explicación: "Nos ponemos tan duros para que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto y a nadie se le escatime esta posibilidad".

El lugar del recuento, que anoche aún no había finalizado, fue la antigua sede del Instituto Nacional de Estadística, en un sótano de luz macilenta y poca ventilación. Los sufragios dudosos pasaron directamente a la Junta Electoral Provincial, que decidía en última instancia su validez. "Afortunadamente nos pagan por contar, no por pensar", comentó Pilar.