Interior expulsó a los magrebíes de Málaga sin dejarles declarar

El Ministerio del Interior acordó la expulsión inmediata de 36 de los 37 inmigrantes descubiertos por la Guardia Civil el pasado martes en Mijas (Málaga) hacinados en una furgoneta sin que se les prestara asistencia letrada y sin darles la oportunidad de declarar contra los responsables de traficar con ellos, lo que podría haber evitado su repatriación. Partidos políticos, como el PSOE, y organizaciones no gubernamentales de apoyo a los inmigrantes consideran que la expulsión es ilegal porque contraviene la vigente Ley de Extranjería.

Los inmigrantes, excepto uno a quien se reconoció como menor de edad, fueron embarcados en un transbordador con destino a Marruecos en la misma noche del martes. Interior invocó para adoptar la medida un artículo de la Ley de Extranjería que establece que "no será preciso expediente de expulsión para el retorno de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país". Pero otro artículo de la misma ley precisa que el retorno sólo puede aplicarse en la frontera y algunos de los expulsados aseguraron que llevaban ya varios días en España. La expulsión fulminante de los marroquíes ha impedido que puedan acogerse al derecho a permanecer en España a quienes colaboren en la desarticulación de mafias que trafican con seres humanos. Mientras, la Guardia Civil continúa investigando la trama que posibilitó el inhumano transporte de inmigrantes. Las pesquisas se centran en los empresarios de la zona de Murcia que iban a usarlos como mano de obra. El juez envió ayer a prisión al conductor de la furgoneta. En Melilla, además, han sido detenidos cuatro policías por su presunta implicación en otra red dedicada al tráfico de inmigrantes. De otro lado, Bélgica informó ayer de que probablemente los 58 inmigrantes chinos muertos en Dover habían sido detenidos en ese país y se les dejó seguir viaje. Uno de ellos llevaba cuatro meses viajando.