Terreno abonado para la gestión privada

Frente a las 13 residencias de la tercera edad municipales en construcción, las 20 de instituciones sin ánimo de lucro, las 20 de las llamadas de nueva fórmulas de gestión -privadas con plazas reservadas al sector público-, o a los 49 centros privados en obras, la Generalitat sólo está construyendo dos. Basta esta foto fija para ilustrar la política social de apoyo a la gestión privada por la que ha apostado el PP, especialmente después del fuerte impulso dado desde la llegada de Rafael Blasco a Bienestar Social.

La falta de fondos para nuevos centros públicos no debería sorprender a nadie. Poco después de la llegada de Blasco a la consejería, en diciembre de 2000, tuvo un encuentro en la sede de los empresarios valencianos en el que puso boca arriba las cartas de lo que iba a ser su política. Existía un fuerte déficit de residencias de tercera edad (una cobertura de 2,14 plazas por cada 1.000 mayores, frente a las 3,19 de la media estatal) y esta falta de plazas se extendía a la ayuda a domicilio y teleasistencia. Vista la insuficiencia del bono residencia -unos cheques para que los mayores pagaran parte del coste de un centro privado-, Blasco apeló al sector privado. Pidió a los empresarios y a la "iniciativa social" -un término en el que entran las universidades o las cajas de ahorros- su entrada en el sector de los servicios sociales a través de "fórmulas imaginativas" para ayudar a la Administración a resolver las carencias del sector.

De un lado, el consejero justificaba esta apuesta con un escenario en el que las crecientes necesidades chocaban con la escasez de recursos públicos. De otro, con la idea de que lo mismo da que la gestión sea pública o privada -con el hospital de la Ribera en el subconsciente-, o incluso que el recurso a esta última es una garantía de la sociedad del bienestar.

El resultado de esta suma de conceptos fue un concurso para construir 9.021 nuevas plazas para la tercera edad por parte de empresas privadas de las que la Generalitat se reserva un tercio, una fórmula que Blasco ha anunciado que pretende extender a otros campos de la asistencia social y que los sindicatos y la oposición califican como la apuesta definitiva por el sector privado.