Las rencillas de la EPO

El director general de Deportes, Guillermo Jiménez anunció ayer que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pondrá en marcha "una investigación casi policial" sobre el caso Alberto García y expresó con contundencia su opinión de que la única forma de acabar con el dopaje pasa por investigar el entorno de los deportistas y sancionarlo con contundencia. "Si se confirma su positivo, el entrenador, el médico y el preparador de Alberto García deberían ser sancionados por cinco años", dijo.

Jiménez, además, cree que ha faltado diligencia en la Federación Española de Atletismo a la hora de prevenir posibles casos de dopaje, como el positivo por eritropoietina (EPO) del fondista madrileño Alberto García. "Este positivo pone en tela de juicio muchas cosas", dijo Jiménez a este diario. "La federación de atletismo tenía que haber sabido por donde iban los tiros, tenía que haber controlado más al atleta al ver su gran mejora de marcas".

La reacción del CSD ante un caso que amenaza la credibilidad de la progresión del atletismo español es similar a la que mantuvo hace un año justamente, cuando el positivo de Muehlegg en Salt Lake City. El secretario de Estado, Juan Antonio Gómez Angulo, anunció entonces diferentes medidas legislativas para aumentar el control y para obligar, por ejemplo, a los deportistas a declarar quién es su médico real, pero nada se ha hecho hasta ahora.

En la federación anuncian una campaña de control especial en colaboración con la federación internacional para "recuperar el prestigio". "En un mes", dicen, "todos los atletas de fondo y medio fondo becados deberán someterse a análisis de sangre".

También apuntan otra visión del caso Alberto García. "El CSD ha dicho a la prensa que nos ha pedido un informe exhaustivo y urgente, pero aquí no ha llegado aún ninguna petición", dijo una fuente del organismo presidido por José María Odriozola. "Después anuncia sanciones para el entorno cuando la normativa antidopaje española no las contempla, de la misma forma que tampoco contempla una disminución de la sanción si el deportista colabora con la investigación denunciando al médico o a la persona que le proporcionó la sustancia dopante".

En la federación, además, creen que el CSD debería ser el último organismo que podría acusarles de descontrol. Recuerdan que en el último año ha descendido el número de controles en las reuniones atléticas porque desde el CSD se les ha dicho que el laboratorio antidopaje estaba saturado y no daban abasto. "Esta temporada sólo se han hecho los controles obligatorios", recuerdan en la federación. "Así que, obviamente, estamos perdiendo posibilidades de presión sobre los atletas".

La puesta a punto de métodos para detectar la EPO en orina ha convertido en ineficaces muchos dispositivos de previsión. La pasada temporada, la Federación Española de Atletismo fue la segunda mundial, sólo superada por la alemana, en número de controles antidopaje. Ordenó más de mil controles, pero ninguno fue de EPO, ya que hasta septiembre el laboratorio de Madrid no dispuso de capacidad para detectarla y, además, requiere análisis muy lentos y costosos.

Contando con que el CSD no financia análisis de EPO, la federación de atletismo buscó poner en marcha un método indirecto de intuir si alguno de los grandes atletas recurría a su consumo. Se trataba de poner en marcha los controles longitudinales similares a los que existen en ciclismo, dotando a cada atleta de una cartilla de salud y obligándole a someterse a varios controles sanitarios anuales, con especial seguimiento de sus parámetros sanguíneos. "Lo propusimos hace más de un año a la Comisión Nacional Antidopaje y nos respondieron que ya habían pensado en ello y que lo organizarían rápidamente. Hasta ahora", dicen en la federación.