Aire de primera vuelta

AUNQUE EL CALENDARIO de la transición situó las dos primeras elecciones municipales democráticas -celebradas en 1979 y 1983- inmediatamente después de las legislativas, el juego interactivo de las disoluciones de las Cortes Generales por voluntad presidencial y la fijeza cuatrianual de los comicios locales fue modificando de manera paulatina esa secuencia hasta invertirla por completo. Al igual que sucedió en 1995 y en 1999, la convocatoria del próximo 25 de mayo para renovar los ayuntamientos en toda España y los parlamentos en 13 de las 17 comunidades (los estatutos del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía permiten a sus presidentes llamar anticipadamente a las urnas) precederá en menos de un año a la celebración de las elecciones legislativas: si en las dos ocasiones anteriores la victoria (local) del PP anticipó su posterior triunfo (general), los socialistas aspiran ahora a lograr el mismo efecto dominó. Pero ese paralelismo no agota las posibles lecturas anticipatorias de los resultados de las urnas escrutadas el 25 de mayo: los comicios municipales del próximo domingo están aún más próximos en el tiempo a la celebración de las elecciones catalanas (y quizá andaluzas) en el próximo otoño, sin que pueda descartarse tampoco una disolución anticipada de la asamblea vasca antes de fin de año.

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 25 de mayo son vividas por PP y PSOE como un ensayo general de las elecciones legislativas de 2004 o una prefiguración de sus resultados

Sin duda, la presión ejercida por esas expectativas electorales a medio plazo sobre la cita del próximo domigo desnaturaliza el caracter político-administrativo de una convocatoria destinada exclusivamente, en teoría, a elegir los ayuntamientos y los parlamentos regionales que designarán después a los alcaldes y a los presidentes autonómicos. En cualquier caso, la lectura -complementaria- de los comicios del 25 de mayo también como un ensayo general de las elecciones legislativas o una prefiguración de sus resultados parece inevitable.

La tendencia a considerar las elecciones municipales y autonómicas como la primera vuelta de las legislativas cuando ambas convocatorias están separadas por escasos meses ha cobrado esta vez un impulso abrumador. Como los aficionados que gritan desde los tendidos ¡peones fuera! para que el matador se quede solo en el ruedo frente al toro, el PP y el PSOE han descargado sobre Aznar y Zapatero el protagonismo exclusivo de la campaña. Ese mano a mano entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición ofrece, sin embargo, algunas asimetrías. El secretario general del PSOE ha sido obsequiado con una oportunidad excepcional para foguearse en los mítines, aumentar su popularidad y romper el cerco de silencio de RTVE, obligada por ley a difundir los actos y los espacios de propaganda electoral: sin darse a conocer previamente en una campaña de ámbito nacional como las elecciones municipales, Zapatero no podría aspirar a ganar las legislativas.

Resultan menos claras, en cambio, las razones del presidente del Gobierno -que se ha comprometido reiteradamente a no presentarse a las próximas elecciones legislativas- para descuidar las obligaciones de su papel institucional y lanzarse como un ensordecedor mitinero a los campos de fútbol, las plazas de toros y los polideportivos. La omnipresencia mediática de Aznar -prisionero de la antipatía de sus gestos, la agresividad de sus palabras y la mezquindad de sus jactancias- ha empujado hacia la clandestinidad a los eventuales aspirantes a sucederle como candidato presidencial del PP y les está endeudando con la hipoteca de sus fobias y sus filias. Si el jefe del Gobierno estuviese realmente dispuesto -así parece- a cumplir su palabra de no aspirar a un tercer mandato, ese furioso despliegue de energías sería un despilfarro inútil, no un ejercicio de calentamiento -como en el caso de Zapatero- para futuras batallas; tal vez la explicación del enigma sea que Aznar ha decidido seguir reinando -detrás del trono-después de abandonar formalmente el poder.