Los últimos planes urbanísticos del Ayuntamiento han desatado las protestas de los vecinos afectados

La vida habitualmente tranquila de Nàquera se ha visto alterada en los últimos meses porque los planes urbanísticos puestos en marcha por el Ayuntamiento que dirige Salvador Pérez Navarro, del PP, han desatado las protestas de los vecinos afectados. Que probablemente son una mayoría de los que viven o tienen propiedades en esta localidad -perteneciente a la comarca del Camp de Túria y enclavada en las estribaciones del parque natural de la Serra Calderona, de poco más de 2.000 habitantes- porque los 14 planes de actuación integrada (PAI) puestos en marcha por el Ayuntamiento afectan a un 11% de la superficie del término municipal.

La proliferación de planes urbanísticos, a pocos meses de la celebración de las elecciones municipales, desató el pasado otoño la alarma entre los vecinos y los grupos de la oposición al gobierno municipal. Éste está en manos del PP, que tiene mayoría absoluta, aunque la política urbanística que promueve el alcalde, Salvador Pérez Navarro, ha generado algunas divergencias internas. El malestar vecinal en torno a los planes urbanísticos se debe en gran medida al hecho de que casi todos los PAI se han puesto en marcha sin convenio previo entre los respectivos agentes urbanizadores y los propietarios de los terrenos afectados, muchos de los cuales se ven abocados a malvender sus propiedades al no poder hacer frente a los gastos de urbanización.

El 19 de diciembre pasado se registró la primera protesta vecinal contra esos planes. Los vecinos acudieron al pleno convocado para ese día para pedir explicaciones y mostrar su rechazo con calificativos de "chorizos", "ladrones" y "sinvergüenzas" dirigidos a los ediles populares y especialmente al alcalde, al que acusan de "expoliar" el patrimonio municipal. Desde entonces, en cada pleno el alcalde se ha encontrado con los vecinos. Pero no les ha hecho ni caso.

Aquel día, vecinos afectados por uno de los PAI acudieron a protestar porque el Ayuntamiento pretendía adjudicar la urbanización a la empresa Cabama Star regentada por la esposa de Gil Garrido. Los afectados habían constituido una agrupación de interés urbanístico y presentaron un proyecto más barato. Pero el Ayuntamiento no quería ceder e intentó que fuera otra empresa, Cabymo, la que desarrollara el PAI. Sólo después de las renovadas protestas de los afectados, el alcalde accedió a que fueran éstos quienes lo ejecutaran.

La oposición, por su parte, considera que con estos planes el alcalde propicia "la apropiación indebida de una parte muy significativa del patrimonio municipal, sin el preceptivo procedimiento público de subasta".