Labastida y Zedillo, acusados de financiación ilegal del PRI

Agitadas las bases, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) endosaron al ex candidato presidencial del propio partido Francisco Labastida la culpa de la histórica multa, 100 millones de dólares, impuesta por la financiación ilegal de su campaña en las presidenciales del año 2000. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción establecida el 14 de marzo por el Instituto Federal Electoral (IFE). El PRI ocultó la entrada de 49,5 millones de dólares procedentes de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, presentó ayer una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el líder del sindicato de ferrocarriles, Víctor Flores, por el presunto desvío de 53,4 millones de dólares hacia la campaña presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000), último gobernante del PRI. Los fondos procedían, según la denuncia, de la sociedad Mutualista de Seguros Previsión Obrera, que fueron canalizados por el sindicato.

Dentro del PRI, las convocatorias a la unidad parecen más retóricas que eficaces a juzgar por la persistencia de los pleitos contra el partido que gobernara México durante 70 años, y que es hoy primera fuerza de la oposición. El coordinador jurídico de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acusó a militantes "corruptos y desleales" de haberse quedado con los 50 millones desviados por el sindicato de Pemex, afecto al partido. El candidato priísta fue derrotado por Vicente Fox, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).

"Que devuelvan el dinero"

El coordinador del denominado sector popular del PRI en la Cámara de Diputados, Efrén Leyva, aportó los nombres que había omitido el jurista. Citó a Labastida, a su principal colaborador, Emilio Gamboa, y a otros, cuya actuación, según apuntó, "puede motivar incluso una acción penal". "Que devuelvan el dinero", remató. Los denunciantes son cercanos a Roberto Madrazo, presidente del PRI, vencido por Labastida en las primarias de noviembre del año 1999, que designaron al candidato presidencial del partido en el año 2000. "Que callen si no tienen pruebas", reaccionó la diputada María de los Ángeles Moreno.

El fallo del tribunal electoral, con cuatro votos a favor y tres en contra, no implica el pago en efectivo de la multa, sino la retención de los fondos dispuestos para su entrega al PRI este año y una reducción del 50% en los asignados para el año próximo. La resolución se produce a seis semanas de las elecciones del 6 de julio, que renovarán la Cámara de Diputados, los parlamentos de 6 de los 32 estados de la República y las alcaldías de más de cien municipios. Para no alterar su desarrollo, la sanción no se deducirá de los gastos de campaña, sino de los ordinarios.

En una novedosa operación económico-política, el PRI prepara una serie de rifas y cuestaciones en los 300 distritos electorales del país, y la venta de algunas propiedades, para recabar fondos.