Agricultura propone rebajar a tres años los arrendamientos rústicos

Agricultura plantea una reducción de la duración de los arrendamientos rústicos de cinco a tres años. Con la medida se pretende dar un paso más en la liberalización del mercado de la tierra. Por un lado se ofrece seguridad a los propietarios de que no van a perder durante muchos años la propiedad de sus fincas, y por otra parte se asegura a quienes las trabajan la posibilidad de invertir con garantías en el volumen de la superficie de cultivo.

El anteproyecto de disposición que elabora el departamento que dirige Miguel Arias Cañete se enmarcaría en el conjunto de las disposiciones legales barajadas para adecuar las normas a la situación real del sector agrario. De acuerdo con los datos manejados por la Administración, sobre una superficie agraria útil en España de unos 26 millones de hectáreas, la superficie cultivada bajo sistema de arrendamiento en 1962 era de 5,5 millones de hectáreas.

Esta superficie se mantuvo casi inalterada hasta 1982 al aumentar a solamente 5,8 millones de hectáreas y a 5,6 millones de hectáreas en 1989. Las superficies en arrendamiento se elevaron en 1999 a 7,9 millones de hectáreas y en este momento se estima que serían ya unos nueve millones de hectáreas, lo que supone casi el 30% de la superficie agraria útil del país. Este fuerte incremento de las superficies arrendadas se ha debido fundamentalmente a la entrada en vigor de la nueva Ley de la Explotación Agraria en 1995 por la que se rebajaba el periodo máximo de arrendamiento de 21 a solamente 5 años sin prórrogas forzosas.

Buscar un equilibrio entre los intereses del propietario de las tierras y de los arrendatarios ha constituido en las últimas décadas un objetivo de las diferentes Administraciones. De una parte se pretendía que los propietarios que arrendaban una tierra no consideraran que perdían su propiedad durante muchos años y a la vez garantizar a quien las arrendaba que podía invertir en maquinaria con la seguridad tener tierras para su cultivo.

En esta línea, a finales de los años ochenta, la Administración de UCD puso en marcha una ley dura para garantizar el uso de la tierra a los arrendatarios, al señalar un primer plazo de seis años y con posibilidad de prórrogas forzosas hasta los 21 años, siempre que el propietario de las tierras o sus descendientes no se comprometieran a labrar directamente las mismas al término de cada prórroga.

Los socialistas pusieron en marcha al final de la legislatura una nueva ley en 1995 por la que la duración de los contratos es de cinco años sin prórrogas forzosas. El propietario puede acceder al cultivo simplemente comunicando un año antes de finalizar el contrato su decisión de recuperar las tierras, tanto para un nuevo arrendamiento, como para su cultivo directo. Esta nueva ley ha sido decisiva para movilizar el mercado.