El desamparo de Coín
En el diario provincial La Opinión de Málaga (14-XI-2002), el delegado de Obras Públicas, Enrique Salvo Tierra, afirmaba que se habían presentado 40 nuevos proyectos de campos de golf para la zona de la Costa del Sol y el interior. También afirmaba que según la nueva legislación de aguas la Junta sólo aprobaría aquellos que usasen aguas residuales recicladas para su riego, asegurando con ello salvaguardar las reservas de agua de la provincia y sus acuíferos; en caso contrario la Delegación emitiría informe negativo.
En el mismo diario (25-IV-2003), y ante la alarma ciudadana suscitada por la construcción de dos campos de golf y 1.000 viviendas sobre la zona de Matagallar o el acuífero de Sierra Blanca, se informa sobre el compromiso, entre otros muchos, adquirido por la empresa promotora de no utilizar las aguas residuales (lo que quiere decir que se van a regar los campos de golf con agua potable de la red del Nacimiento...) para el riego de los campos de golf proyectados. ¿No están obligados por ley a regarse los campos de golf con aguas residuales? ¿Cómo puede la Comisión Provincial de Urbanismo, junto con Medio Ambiente, dar el visto bueno a este proyecto? ¿Acaso no ha llegado a ambas delegaciones la proposición no de Ley del Parlamento Andaluz en su sesión de 2 de mayo de 2002 donde se aprueba por unanimidad la protección del acuífero del Nacimiento de Coín por parte de la señora Gálvez Torres (PSOE), el señor Romero Ruíz (IU) y el señor Ramos Aznar (PP)?
No es lógico que por una parte el Parlamento andaluz proteja el acuífero en 2002 y el Instituto Geológico Minero informe sobre los riesgos en la cantidad y calidad del agua que conllevaría tal proyecto en 2001 y por otra parte tanto la Delegación de Medio Ambiente como la de Obras Públicas den informes favorables a un proyecto trufado de contradicciones administrativas. Tampoco es lógico que la SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo de la Diputación de Málaga), presidida por el actual alcalde de Coín, Juan José Rodríguez Osorio, del Partido Andalucista, realice el Estudio de Impacto Medioambiental y sea a su vez la encargada de controlar las medidas protectoras que ellos mismos establecen.
Desde Coín exigimos que se aclaren las distintas administraciones involucradas en el proyecto, pues lo que está en juego no es sólo la credibilidad de las mismas sino algo mucho más importante: la calidad de vida y, en suma, la salud de un pueblo.
