Todas las reses gallegas de más de 30 meses deberán pasar la prueba de las 'vacas locas'

Un día después de la confirmación, el miércoles, del primer caso español de una res afectada por el mal de las vacas locas en una pequeña explotación de Carballedo (Lugo), el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y los consejeros de las comunidades autónomas han acordado generalizar los análisis en matadero a todas las reses gallegas que sean sacrificadas con más de 30 meses de edad y, por lo tanto, sean teóricamente susceptibles de transmitir la enfermedad a los consumidores de su carne. Los reactivos (kits) para hacer las pruebas han sido adquiridos a la compañía suiza Prionics, fundada por científicos de la Universidad de Zúrich. Estos test se aplican sobre muestras del cerebro de las reses y se basan en un anticuerpo capaz de distinguir la forma anómala del prion, la proteína cerebral que causa y transmite la enfermedad. La prueba es rápida -los resultados se obtienen en 6 horas- y se pueden hacer 48 test a la vez. Cada uno cuesta unas 5.000 pesetas. Tras analizar la cabaña gallega, las pruebas se extenderán, en los próximos meses, a todas las reses españolas que se sacrifiquen con más de 30 meses de edad, es decir, unas 350.000 cabezas.

El ministerio ya ha reservado 300.000 kits a la empresa Prionics para este fin. Cuanto más vieja es una res, mayor es la concentración en su cuerpo del prion infeccioso. El estándar científico es que la carne es segura para el consumo humano por debajo de los 20 meses de edad. El director del Laboratorio Nacional de Referencia sobre Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, Juan Badiola, considera que el límite adoptado de 30 meses es "razonable", y que se adapta a las últimas recomendaciones de la Unión Europea. El comité permanente de la UE decidió ayer mismo destinar un mínimo de 60 millones de euros (casi 10.000 millones de pesetas) para que la Comisión pueda cofinanciar los test masivos. Es una cantidad muy inferior a la reclamada por el Parlamento Europeo (26.000 millones), pero no es aún definitiva porque el tema debe ser abordado por diversas instancias comunitarias

Prohibición de harinas

El Gobierno prefiere que sea la Comisión Europea la que decida prohibir las harinas fabricadas con despojos de rumiantes, pero "en caso de pasividad comunitaria" adoptará unilateralmente, como ya ha hecho Francia, esta medida, informa Pilar Marcos. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete anunció ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados que el Gobierno esperará a la próxima reunión del Consejo de Ministros comunitario, pues la Comisión se ha comprometido a entregar en esa fecha un informe sobre las medidas que deben adoptarse. "A la vista de ese informe, el Gobierno tomará su decisión", precisó. El ministro explicó que la vigilancia de la salud de los animales y el control de los mataderos corresponde a las comunidades autónomas, mientras que la competencia de su departamento se limita a la calidad de la carne una vez la res ya está muerta.

En todo caso, dijo que va a ofrecer a todas las comunidades autónomas su "colaboración" para "potenciar los laboratorios, así como aportarles los kits para que aumente el número de análisis que pueden realizar".

Miguel Arias Cañete añadió que va a pedir a las autonomías que pongan especial vigilancia en controlar que no existen mataderos ilegales, para evitar la probabilidad de que alguna res infectada llegue al consumo. "No tenemos noticia de que existan esos mataderos, pero les diremos a las autonomías que extremen la vigilancia", dijo en referencia a las declaraciones hechas la víspera por la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Arias Cañete también descartó que las harinas de rumiantes, ahora prohibidas enFrancia, hayan sido desviadas hacia España. "La Guardia Civil está colaborando. Ha intensificado los controles para que la prohibición francesa no suponga un trasvase hacia nuestros mercados", dijo.

Faltan incineradoras

Estas medidas no han disipado, sin embargo, la preocupación económica de los ganaderos, que siguen insistiendo en que ha de ser el Gobierno quien subvencione en su totalidad la puesta en práctica de las nuevas medidas. "El problema", afirma Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), "es que si un animal de más de 12 meses fallece, tiene que ser el ganadero el que lo lleve a la incineradora, lo que representa un coste de 75.000 pesetas por cabeza". Moraleda estima que el coste total de la eliminación de los despojos MER (materiales específicos de riesgo) es de 11.300 millones de pesetas anuales y "hasta la fecha lo están pagando losganaderos". Los pequeños productores critican también el escaso número de incineradoras (cinco repartidas por el norte y levante) existentes y afirman que los mataderos pequeños no estarían preparados para el sacrificio de un elevado número de reses.Una vez más, reclaman subvenciones de la Unión Europea. En España hay cinco incineradoras. Por su parte, la patronal de los mataderos industriales, Asocarne, pidió ayer que el test

del prion se extienda a todas las reses importadas y a

sus descendientes. En lo que respecta a las organizaciones de consumidores, mientras la OCU manifiestó que "hay que estar preocupados pero no alarmados", la UCE exige la comparecencia inmediata de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, para que aclare el número de reses y explotaciones afectadas, informa Europa Press. La responsable del PSOE para Sanidad y Consumo, Isabel Pozuelo, exigió ayer al Gobierno que se practique el test de las vacas locas a todas las reses de más de 24 meses y que se supriman las harinas animales para la fabricación de piensos.