"¡Trágala, perro!"

LA TENDENCIA DEL PP a patrimonializar la Constitución como si fuese de su pertenencia exclusiva y la defensa en paralelo de la sagrada intangibilidad de su texto han irrumpido en la campaña electoral del 25-M como agresivas armas dialécticas dirigidas a poner en duda la lealtad democrática de los restantes partidos. En una conferencia pronunciada en FAES la pasada semana, el presidente del Gobierno sostuvo que cualquier propuesta de modificación del pacto constitucional de 1978 -abstracción hecha de sus propósitos y de sus contenidos- forzaría a la sociedad española a enfrentarse con sus "propios demonios históricos", una expresión deudora de los "demonios familiares" evocados por Franco como responsables de la triple división clasista, partidista y territorial desgarradora de España. No sólo los nacionalistas vascos y catalanes, sino también los socialistas se hallan bajo la sospecha de querer abrir la caja de Pandora de los males patrios; Rajoy ha emplazado al secretario general del PSOE a una nueva Jura de Santa Gadea para que confiese si alberga o no en su corazón ese pecaminoso propósito. Tal vez no tardemos en oír a los diputados populares berrear a los bancos de la oposición una versión ideológicamente modernizada de la letrilla cantada por los liberales a los absolutistas durante el trienio constitucional: "Por los serviles / no hubiera unión / ni si pudieran / Constitución. / Trágala, trágala, trágala, / trágala, trágala, perro".

La tendencia de Aznar a patrimonializar la Constitución y su negativa a discutir cualquier posible reforma de su texto contrastan con las actitudes del Partido Popular durante la transición

Durante el bienio 1977-1978 que hizo nacer la actual Constitución, sin embargo, los populares se situaron a medio camino entre la oposición abierta a las reformas democráticas y el intento taimado de frenarlas. El 31 de octubre de 1978, el grupo parlamentario de AP -la denominación del PP hasta 1989- se rompió en dos mitades: sólo ocho de sus 16 diputados refrendaron la Constitución. En el turno de explicación de voto, Manuel Fraga dejó constancia de sus "serias críticas" a un texto del que había sido ponente: la supresión del término "nacionalidades", una mayor protección de la familia, la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad, la preferencia del sistema mayoritario frente a la representación proporcional y la potenciación de la iniciativa popular y del referéndum eran el "programa prioritario" de la reforma constitucional de AP.

Tampoco José María Aznar -nombrado en 1979 secretario general de AP en La Rioja-mostró hasta el momento de su llegada al poder el entusiasmo por el pacto constitucional y el horror a su reforma de los que hace gala ahora. Sus colaboraciones de 1979 en el diario de Logroño Nueva Rioja no sólo justificaron la "abstención beligerante" en el referendum del 6 de diciembre de 1978 por las peligrosas ambigüedades de la Constitución; también criticaron ásperamente que el texto hubiese sido elaborado por "los dos partidos mayoritarios" (UCD y PSOE) sin "un solo debate ante los españoles" y "a espaldas del Parlamento". Aznar tampoco sostenía entonces su gloriosa visión actual del Estado de las Autonomías como una obra acabada y perfecta que no precisa modificaciones ni retoques: "En lugar de concebir un plan serio y responsable de organización territorial de España, se ha montado una charlotada intolerable que ofende el buen sentido".

Quince años después, Aznar (candidato ya a la presidencia del Gobierno) defendería la necesidad de modificar el artículo 69 de la Constitución -una tesis propugnada hoy por los socialistas, pero nefanda según el PP - como requisito imprescindible para la transformación del Senado en la "Cámara de representación territorial" que el Estado de las Autonomías precisa. "Es ocioso reiterar la necesidad de la reforma e insuficiente mantenerse en el terreno declarativo de los principios"; todo ello -añadía Aznar- sin perjuicio de que, "puesto que estoy esbozando una eventual reforma constitucional", fuese indispensable "un alto nivel de acuerdo". (España. La segunda transición, 1994).