Nuevos vecinos sin viejos derechos

Andalucía tiene nuevos vecinos. Cada vez más. Los padrones municipales recogían, exactamente, 141.604 durante 2002, según los datos recopilados por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados para una investigación sobre las necesidades de la población extranjera encargada por la Consejería de Gobernación. La cifra casi dobla la del año anterior (78.993) y casi triplica la de hace dos años (56.363). De ella están excluidos los extranjeros procedentes del Espacio Económico Europeo y de países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Los padrones, que no exigen la regularización de los inmigrantes para apuntarse, están constatando en sus cifras la estampa de las calles de numerosos ayuntamientos andaluces. A pesar de que ya no es un fenómeno tan de última hora y de que representan porcentajes notables en algunas localidades, no podrán condicionar las políticas de sus municipios en las urnas. Sólo aquellos que cuentan con nacionalidad española o proceden de países con los que España tiene convenios bilaterales en materia de voto -algunos países iberoamericanos donde residen emigrantes españoles- podrán votar el próximo 25.

En algunas localidades de Málaga y Almería oscilan entre el 11% y el 20% de la población

La distribución geográfica de la inmigración es heterogénea. "Hay ayuntamientos y ayuntamientos, algunos con inmigración cero y otros cerca del 20%", expone el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Pedro Moya. El reparto calca el mapa del desigual tirón económico. Los municipios pujantes, con sectores que demandan gran cantidad de mano de obra como el agrícola o el turístico, ofrecen los mayores porcentajes, como ocurre con El Ejido (Almería), donde están empadronados 9.760 inmigrantes, una cifra similar a la registrada en Sevilla. Pero 10.408 extranjeros en la capital andaluza resultan anecdóticos, mientras que en El Ejido se acercan al 20% de la población, lo que refleja la trascendencia que podría tener en esa localidad el voto de los inmigrantes o en otros municipios de Málaga y Almería, como Marbella (11.978), Torremolinos (5.786), Roquetas de Mar (7.280) o Níjar (4.001), donde los inmigrantes empadronados oscilan entre el 11% y el 20%.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, lleva pidiendo que se regule el derecho a votar de los inmigrantes desde hace tiempo. Cree que es una baza crucial para favorecer las medidas en pro de la integración y que evitaría que algunos alcaldes reprimiesen decisiones "por miedo a repercusiones electorales". Chamizo asegura que por esta razón "muchos alcaldes y de distinto signo político" no se han acogido al decreto de alojamientos para temporeros agrícolas de la Junta de Andalucía.

En el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias no se ha debatido sobre el voto de los inmigrantes, pero el presidente de la comisión de servicios sociales y alcalde de Vélez -Málaga, Antonio Souvirón, no tiene dudas al respecto: "Un ciudadano es aquel que participa". Y añade: "Desde el momento en que vives en un lugar tienes los mismos derechos y no se te puede privar del derecho de participar".

De igual modo la Administración andaluza defiende que se "avance" hacia esa meta. "En toda la escala de derechos hay algunos con mucho reconocimiento como el de la educación y la salud y otros que tienen que seguir avanzando como los políticos", señala Pedro Moya.

Tampoco los servicios han avanzado al mismo ritmo que el auge demográfico. Los ayuntamientos, cortos en financiación, tienen que estirar recursos para atender a más población. "No se trata tanto de que haya partidas específicas si no de que los servicios sociales comunitarios pueden ser deficitarios", precisa Moya. Sobre los dispositivos aplicados en educación y salud, que dependen de la Junta de Andalucía, hay una aprobación generalizada. "Han hecho un buen esfuerzo", concede Chamizo. El principal problema, a su juicio, reside en los alojamientos y en la falta de políticas para favorecer la integración en las sociedades receptoras. Chamizo cree que a los ayuntamientos les faltan medios en general, pero también "más valor para emprender políticas de integración". "Hay una integración formal pero faltan espacios para la espontánea", indica.

Souvirón, que representa a la FAMP en el Foro Andaluz de la Inmigración, reivindica "la universalización de los servicios sociales", de igual manera que lo está la sanidad y la educación, y se queja del "sobreesfuerzo" que deben hacer los municipios. En su opinión, las principales carencias son los albergues y una red de centros de acogida para facilitar la inserción de los inmigrantes recién llegados. "Los que están asentados están integrados", concluye.