Cajasur amenaza a Álvarez con acciones judiciales si detalla al Parlamento cuánto cobra Castillejo

Cajasur envió ayer un escrito a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en el que fija las condiciones que debe cumplir la consejera en su comparecencia parlamentaria, prevista para hoy, sobre las retribuciones del equipo directivo de la entidad cordobesa. En el escrito, el director general de la caja, Francisco Jurado, amenaza a Álvarez con acciones judiciales si su información al Parlamento se salta esos límites: según Jurado, la "normativa aplicable" sólo permitiría a la consejera informar de los "conceptos" que integran su retribución y la del presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, "nunca del importe de las mismas".

El Grupo Socialista solicitó la comparecencia de Álvarez para que informara en el Parlamento andaluz sobre las retribuciones del equipo directivo de Cajasur, tras la polémica que suscitó el pago de una póliza de 2,9 millones de euros por la caja para garantizar a Castillejo una renta vitalicia de 213.000 euros anuales cuando deje la entidad. La Junta entiende que este seguro es ilegal y lo incluyó en la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental que presentó en febrero ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión en los últimos tres años de la entidad controlada por la Iglesia.

El director general de Cajasur esgrime la "normativa dictada por la propia Junta", sin precisar cuál, para mantener que Álvarez no puede informar al Parlamento de la cuantía del sueldo de Castillejo, si bien el PSOE mantiene que ronda los 500.000 euros al año. Jurado es muy preciso sobre qué pasará si "cualquier información va más allá": "Supondría una violación de datos de carácter personal, contraria a la normativa vigente, por lo que en nombre de la institución que represento y a título personal me reservo todas las actuaciones que nos asistan en cualquier orden jurisdiccional".

El presidente de Cajasur también trató de impedir la comparecencia de hoy con una carta al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, en la que aseguraba que el reciente auto del TSJA que suspendió la inspección de la Junta establecía que esa competencia correspondía ahora al Gobierno (en virtud de la Ley Financiera) y que por tanto, la comparecencia excede las funciones de la Cámara autonómica.

Torres Vela respondió ayer con otra carta a Castillejo en la que rebatió sus argumentos. "El objetivo de la comparecencia forma parte del ámbito competencial de nuestra comunidad autónoma, según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin que ello quede desvirtuado por una resolución cautelar como la adoptada por el TSJA, que sólo supone suspender la actividad inspectora en Cajasur ordenada por la Consejería de Economía", sostiene el presidente de la Cámara autonómica en su misiva.

La comisión parlamentaria debe decidir, antes de la comparecencia, si ésta se hace a puerta cerrada dada la materia "reservada", de la que la consejera de Economía va a tratar.

El portavoz de Economía del PP, Salvador Fuentes, aseguró que, en sintonía con la tesis de Cajasur, su grupo parlamentario duda sobre la legalidad de la comparecencia parlamentaria de la consejera de Economía, por lo que decidirá su asistencia tras estudiar "en profundidad" el auto del TSJA que suspende la inspección autonómica.