El Parlamento decide mañana si Álvarez debe informar a puerta cerrada de las retribuciones de Cajasur

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento andaluz deberá decidir mañana si la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, comparece en sesión reservada para informar sobre las retribuciones del presidente y los directivos de Cajasur. Si la propuesta del Grupo Socialista sale adelante -para lo que tendrá que contar con el apoyo de alguno de los otros grupos (PP, IU, PA o Mixto)-, sólo los diputados podrán conocer la información que facilite la consejera de Economía, ya que no habrá periodistas y los servicios de grabación de la Cámara estarán desconectados.

El PP rechaza que la comparecencia de Álvarez en sesión secreta se limite a las retribuciones en Cajasur, ya que este grupo había pedido que informase en pleno sobre los expedientes administrativos abiertos por su departamento para conocer si existen pólizas de seguros en el resto de cajas andaluzas, extremo que no fue aclarado por la consejera, que se limitó a denunciar en Pleno la "ilegalidad" de la póliza de 2,9 millones de euros aprobada por la Asamblea de Cajasur para su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo.

Por su parte, IU no comparte que la comparecencia de Álvarez para informar sobre las retribuciones del presidente y directivos de Cajasur tenga que realizarse necesariamente en sesión secreta, mientras que el PA considera que la consejera debe hacer extensiva esta información "al conjunto de presidentes de las cajas andaluzas".

La póliza millonaria pagada por Cajasur a favor de Castillejo (que le garantiza cobrar al menos 213.000 euros al año cuando se retire y que sus cuatro hermanas puedan heredar la mitad de esa renta) es una de las bases de la denuncia que ha puesto la Junta de Andalucía por apropiación indebida y falsedad documental en la gestión de la caja cordobesa, tras una inspección autonómica sobre los tres últimos años.

Inspecciones "válidas"

Esas inspecciones fueron impugnadas por Cajasur ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), primero por haber sido realizadas con el auxilio de la consultora privada KPMG y, después por entender que la Ley Financiera, en vigor desde diciembre, reserva estas competencias en el caso de las entidades fundadas por la Iglesia católica (específicamente Cajasur) al Ministerio de Economía. El TSJA aún no se ha pronunciado sobre el fondo de ambos recursos pero sí ha ordenado que la consultora privada abandone su labor y ha suspendido cautelarmente la inspección.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María del Mar Moreno, afirmó hoy que las inspecciones realizadas por la Junta son "perfectamente válidas" y que la Ley Financiera "carece de efectos retroactivos". "Las cajas tienen un fuerte componente público, deben poner pocas pegas a las inspecciones", repuso.