Corregidores bajo sospecha

Las denuncias contra alcaldes andaluces por actividades derivadas de su actividad pública a lo largo del mandato que ahora acaba sólo han terminado en dimisión en dos casos: Jesús Gil dejó la alcaldía de Marbella atropellado por el caso de las camisetas; Francisco Manuel Vázquez, alcalde socialista de Ojén (Málaga), abandonó la política tras ser condenado a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por delitos urbanísticos, y Antonio Caba, alcalde socialista de Estepona, se margó causado de blanqueo de dinero.

Pedro Pacheco, el alcalde del PSA de Jerez y uno de los habituales de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) a lo largo de su historia, aún tiene pendiente la denuncia por el caso Equinoccio, la campaña publicitaria emprendida contra la Junta con medios públicos por su negativa a autorizar un centro comercial.

El de Pacheco ha sido el caso más singular, exculpado y vuelto a culpar en pocos días

La gestión del GIL ha provocado denuncias por malversación y tráfico de influencias

Por el contrario, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del Partido Popular, fue absuelto tras varias comparecencias ante el TSJA en Granada por la venta de los terrenos del antiguo estadio Colombino. Tampoco prosperaron las denuncias del PSOE contra el alcalde popular de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar por el llamado caso Bariloche.

Málaga y la Costa del Sol fueron los territorios donde se plantearon más denuncias y por asuntos en general más graves.

Si en algo se han caracterizado los alcaldes de Marbella de las tres últimas corporaciones han sido sus constantes visitas a los juzgados, y no precisamente para asistir a bodas. La gestión económica y sobre todo urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL), que gobierna con mayoría absoluta el municipio desde el año 1991, ha provocado centenares de denuncias de particulares y partidos políticos, bien por delitos contra la ordenación del territorio, ocultar información o más graves, como malversación, prevaricación o tráfico de influencias.

Una de ellas, el caso camisetas, obligó a Jesús Gil a dimitir como alcalde de Marbella en abril del pasado año, después de ser condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 28 años de inhabilitación por cuatro delitos de prevaricación y dos de tráfico de influencias, sentencia que ratificó el Tribunal Supremo. Su sucesor en la alcaldía, Julián Muñoz, que juró el cargo nueve días después, el 2 de mayo pasado, va por el mismo camino.

Al igual que Gil y Gil, Muñoz, que se presenta de nuevo a alcalde, tiene también pendientes numerosos procesos. Hasta ahora ha sido absuelto, la última vez el 6 febrero, día en que la Audiencia de Málaga revocaba la sentencia que condenó a Muñoz a 16 meses de inhabilitación y nueve meses de prisión, por negar información contable a la Cámara de Cuentas de Andalucía. A principios de este mes la Fiscalía Anticorrupción le acusó -junto a Gil y otros 33 ediles de su grupo- de malversar 360 millones de euros.

Pero Marbella no es la única población de la Costa del Sol que ha visto dimitir a su alcalde por problemas judiciales. Francisco Manuel Vázquez, ex alcalde de Ojén del PSOE, renunció a su cargo en diciembre pasado tras ser condenado a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por dos delitos urbanísticos. La Audiencia de Málaga anuló en marzo por "un defecto de forma" el juicio, y ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones al momento en que se cerró la instrucción del caso, que deberá reabrirse. Hace año y medio presentaba también su dimisión el ex alcalde de Estepona, el socialista Antonio Caba, tras ser acusado por la Fiscalía Antidroga de blanqueo de dinero.

El de Pedro Pacheco es un asunto muy peculiar. El alcalde jerezano comenta con desenfado que sus periódicas visitas a la sala del TSJA encargada de enjuiciar a las personas con un foro especial le permite hacer turismo en Granada. Pero en concreto lo ocurrido el caso Equinoccio es aún más singular pues Pacheco, por unos días, llegó a celebrar una exculpación que luego no se produjo-

El 29 de enero pasado el magistrado Jerónimo Garvín dejó sin efecto la inculpación contra Pacheco, que estaba acusado por el grupo municipal del PSOE jerezano de prevaricación, malversación de fondos públicos y denegación de derechos fundamentales. El auto sostuvo que la única intervención de Pedro Pacheco en la contratación de la campaña contra la Junta por su negativa a autorizar la apertura del centro comercial Equinoccio fue votar en un pleno a favor de la iniciativa, si bien el magistrado reconocía que le producía "cierta extrañeza" su propio razonamiento.

Unos días más tarde, y a propuesta del fiscal, Pacheco volvía estar imputado. El juez admitió el recurso del PSOE que también recibió el apoyo de la Fiscalía para la que existían "indicios de actividad delictiva". El asunto está todavía en trámite.

Pedro Rodríguez, alcalde del PP de Huelva, quedó libre de toda sospecha en septiembre de 2002. El TSJA decidió archivar el caso Isla Chica (la venta de terrenos públicos del antiguo estadio del equipo local por 16,23 millones para evitar el descenso del club a Tercera División) al considerar que no incurrió en ninguno de los delitos por los que fue acusado: infracción penal, prevaricación, fraude en la contratación pública, malversación y contra la ordenación del territorio.

El caso Bariloche, en Jaén, por el que la oposición denunció la paralización de un vial que debía atravesar la discoteca de la que fue accionista el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Jaén, Miguel Segovia, ha sido el principal escándalo judicial que por poco salpica al alcalde de Jaén, el popular Miguel Sánchez de Alcázar, en la actual legislatura. Sánchez de Alcázar fue en todo momento el principal defensor de Segovia, y llegó a poner varias veces la mano en el fuego de su inocencia antes de que la Audiencia Provincial de Jaén archivara el pasado mes de septiembre la denuncia interpuesta por el PSOE por el presunto delito de prevaricación contra Miguel Segovia.