Cien juristas critican la reforma penal por "dura" y "no justificada"
El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por un centenar de penalistas -la gran mayoría catedráticos, seguida de magistrados-, critica con contundencia las recientes reformas de la legislación penal, penitenciaria y procesal abordadas por el Gobierno. En un manifiesto que se hará público hoy, los cien juristas coinciden en que la citada reforma es excesivamente "dura" y en que "no se justifica".
El documento, elaborado por el grupo de penalistas sobre El sistema de penas y su ejecución, considera que el conjunto de reformas supone, en general, "un endurecimiento (...) que no se justifica en el nivel de delincuencia existente en España y que no respeta los principios constitucionales que deben inspirar la política criminal".
La reunión de penalistas, coordinada por el catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés, y a la que asisten magistrados como José Antonio Martín Pallín y Ramón Sáez, se inició en la tarde de ayer en la Universidad Carlos III de Madrid, y concluirá hoy.
Alternativas
El colectivo de juristas plantea una alternativa a esas reformas, basada en los principios constitucionales de humanidad, proporcionalidad y resocialización, que incluye la necesidad de utilizar penas alternativas a las de cárcel para la delincuencia no grave (en su mayoría contra la propiedad).
El grupo estima "poco razonables" unas reformas no justificadas por "una respuesta justa y efectiva a la delincuencia", partiendo de que en España el periodo medio de estancia en la cárcel es de 13 meses, frente a 8 meses en la UE, y de que el número de personas encarceladas por cada 100.000 habitantes es de 120 en España, frente a 90 como media en la UE.
El documento critica que el Gobierno pretende fomentar la prisión preventiva "como respuesta rápida a la delincuencia poco grave, sacrificando su carácter excepcional", así como sitúa a los jueces "como instrumentos de aplicación de los criterios del Ejecutivo", al imponerles la expulsión de extranjeros.
Estos penalistas tampoco creen justificado elevar a 40 años de cárcel el máximo de cumplimiento de condena ni excluir a los terroristas y a los extranjeros "de las posibilidades de reeducación y reinserción".
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