El municipio 'legalizará' las miles de casas bloqueadas por los jueces

Las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula 28 desarrollos urbanísticos en suelos protegidos incluidos en el Plan General de 1997, ha crispado, en el final de la legislatura, las relaciones del gobierno municipal con el PSOE. El edil de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), reiteró ayer que llevará al próximo pleno un acuerdo para consolidar los derechos urbanísticos en esos desarrollos. Matilde Fernández (PSOE) e Inés Sabanés (IU) critican que el PP no respete la sentencia y afirman que puede incurrir en prevaricación.

El pleno municipal del 30 de abril, último ordinario de esta legislatura, se anuncia caliente. El titular de Urbanismo, Ignacio del Río, responsabilizó ayer al PSOE de "perjudicar las expectativas de miles de cooperativistas que han hecho un esfuerzo importante para adquirir una vivienda". Se refería con ello a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que falló el pasado 27 de febrero a favor a favor de un recurso presentado por el grupo socialista contra el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El PSOE planteó cinco posibles causas de nulidad del plan y el TSJM le ha dado la razón en una de ellas: los 28 desarrollos previstos sobre suelos protegidos. El gobierno municipal, del PP, recalificó esas zonas para que se pudiese construir sobre ellas con el objetivo de permitir el máximo desarrollo del casco urbano de la capital. Pero la sentencia del Tribunal Superior, firmada por Alfredo Roldán Herrero, considera que los suelos protegidos deben permanecer como tal. "Anulamos aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable de Especial Protección", dice el fallo judicial.

En parte de esos suelos, las promociones de viviendas ya están en obras. No se puede aplicar en ellos, por tanto, la sentencia. Pero ésta afecta directamente a los suelos que se encuentran recalificados sólo sobre el papel, como los Desarrollos del Este, la Operación Campamento y la Ciudad Aeroportuaria-Valdebebas. En total, 130.000 viviendas deberían quedar en suspenso hasta que se resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento y la Comunidad ante el Tribunal Supremo.

Pero Del Río mantiene que va a acelerar los trámites para consolidar la recalificación de esos terrenos y ha arremetido contra los socialistas. "Que no piensen que han obtenido ninguna victoria con esta sentencia. Someteremos a la aprobación del pleno un acuerdo en virtud del cual se iniciará el procedimiento de subsanación jurídica para atender cualquier circunstancia que pueda producirse, incluso una sentencia negativa del Tribunal Supremo", afirmó ayer el concejal de Urbanismo.

"Que Del Río no engañe. Como abogado sabe que lo que intenta hacer se encuadra en la prevaricación. Los derechos que quiere consolidar no son los de los cooperativistas, sino los de las empresas que acaparan el suelo. Nosotros hemos planteado, desde la política del pacto y el consenso, que se cree una comisión para hacer compatible la sentencia con los derechos de las familias con expectativas de viviendas, pero el PP lo ha rechazado", replica Matilde Fernández, portavoz socialista.

Inés Sabanés (IU), por su parte, cree que Ignacio del Río "intentar legalizar unos desarrollos que están a mitad de camino". "Nos podemos encontrar con un caso como el de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, que por no acatar el fallo de derribar parte de una iglesia, hay cargo municipal inhabilitado".