Iberdrola prepara una demanda civil contra Gas Natural por los perjuicios de la OPA

La batalla desatada por Gas Natural con la oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre la eléctrica Iberdrola puede llegar a los tribunales. Fuentes jurídicas han confirmado que la eléctrica prepara una demanda de responsabilidad civil "por daños" contra Gas Natural y seis de los 12 consejeros de la empresa gasista que el 10 de marzo aprobaron una operación de 15.384 millones de euros que ha conmocionado al sector. La demanda considera la OPA de Gas Natural una maniobra para eliminar un rival directo en el negocio del gas, recién liberalizado, y pone el acento en el perjuicio a la eléctrica.

La demanda, toda una novedad en el sistema de relaciones entre empresas, no tiene precedentes en España, según reconocen las fuentes consultadas. Habría que remontarse a la agitación del sistema financiero en los años ochenta, con los problemas de sucesión en el entonces recién fusionado BBV tras la muerte de quien fue su presidente, Pedro Toledo, para encontrar demandas entre sociedades y consejeros en torno a una fusión.

Oficialmente, Iberdrola no confirma la elaboración de la demanda, que está siendo preparada por sus servicios jurídicos con asesoramiento de despachos externos. "La compañía ni confirma ni desmiente nada al respecto. No hace comentarios" aseguró un portavoz.

Los argumentos de la demanda que perfila la eléctrica que preside Íñigo Oriol son simples: Gas Natural, sostienen, pretende con su oferta de compra hostil eliminar de un plumazo a un competidor directo en el negocio de gas y de electricidad que en un año le había arrebatado un 7,3% del mercado liberalizado del gas.

Una oferta hostil

Para ello, argumentan los abogados de Iberdrola, Gas Natural ha planteado una oferta de adquisición hostil que ha sido rechazada por los principales accionistas de Iberdrola (BBVA, BBK) y por parte del consejo de la propia sociedad opante (cinco de los seis consejeros nombrados por Repsol YPF en el consejo de Gas Natural votaron en contra).

La oferta hostil, según fuentes al tanto de la estrategia defensiva de Iberdrola, habría provocado una serie de perjuicios económicos directos (gastos en asesoramiento, abogados, información...) e indirectos que pueden ser reclamados ante los tribunales.

A falta de cuantificación del supuesto perjuicio, la espina clavada en el costado de Iberdrola y que más duele a la compañía eléctrica es la adjudicación de la sociedad pública vasca de gas Naturcorp a la asturiana Hidrocantábrico en plena pelea de Iberdrola con Gas Natural. Tanto Iberdrola como Gas Natural aspiraban a la adjudicación que debía decidir el Gobierno vasco, pero Iberdrola, sostienen en la compañía, era favorita en una venta -resuelta finalmente como subasta pero tratada hasta que saltó la polémica Iberdrola-Gas Natural como un concurso- en la que Iberdrola, con fuertes raíces en el País Vasco, tenía muchas posibilidades de llevarse el gato al agua.

Sobre el razonamiento jurídico de Iberdrola planea también el supuesto efecto del raid (ataque) de Gas Natural en sus planes a seis años vista. El plan estratégico de la eléctrica 2002-2006 (revisado a principios de año) ha vendido a los analistas e inversores extranjeros la intención de invertir en el periodo mencionado 12.000 millones de euros, con España y el mercado doméstico de generación eléctrica como centro de su estrategia. De esa cantidad, 9.600 millones, según el plan, se invertirían en España y de ellos, 5.600 millones estarían destinados al mercado de generación; 2.100 millones a la distribución y 2.000 millones al resto de las actividades.

La OPA de Gas Natural, según la lectura que hace la eléctrica, habría enturbiado la credibilidad de dichos planes, comprometiendo su posición ante los analistas e inversores extranjeros, sensibles a cualquier distorsión de las previsiones en un contexto internacional incierto.

La demanda de responsabilidad civil contra Gas Natural afectaría, además, a cada uno de los consejeros de la compañía gasista que votaron a favor de la oferta de compra hostil, esto es, a los administradores nombrados a iniciativa del accionista mayoritario de la compañía, La Caixa (31% del capital de forma directa e indirecta) y al consejero delegado, José Luis López de Silanes, que formaba parte del consejo en representación de Repsol YPF (24%) y que votó a favor de la OPA, en contra de la opinión de la petrolera.

De concretarse la iniciativa, la demanda de Iberdrola afectaría a los consejeros Antoni Brufau (presidente de Gas Natural); José Luis López de Silanes (consejero delegado) y al grupo nombrado a iniciativa de La Caixa: Enrique Alcalá; Josep Manuel Basáñez; Isidre Fainé; Maria Isabel Gabarró y Carlos Losada.