La gran industria estima en 1.000 millones anuales el coste del Protocolo de Kioto

Bruselas quiere que los países que emiten menos CO2 vendan sus derechos de emisión a los que contaminan más, con el fin de evitar que estos últimos incumplan los objetivos de Kioto. A resultas de este planteamiento, España tiene muchos deberes por hacer, ya que sus emisiones superan en un 30% el límite permitido. El protocolo fijó un máximo del 15%.

Dentro del mercado de cada Estado miembro, las empresas que contaminen menos podrán vender derechos de emisión, cuyo importe será satisfecho por las empresas que sean más contaminantes y obligadas a comprar estos derechos.

Este peculiar mercado de emisiones, que empezará a funcionar en enero de 2005, se ha interiorizado por parte de la gran industria española como una amenaza, ya que se ve obligada a comprar derechos de emisión a unos costes que considera catastróficos para sus cuentas de resultados (un 20% de su beneficio bruto).

El mercado de CO2 de momento es restrictivo y sólo incluye a cinco sectores: cementero, papelero, industria del vidrio y cerámica, energético, y siderúrgico (acerías). Estos cinco sectores deberán adquirir derechos de emisión equivalentes a 20 toneladas de CO2, que a 50 euros por tonelada significan un coste de 1.000 millones de euros anuales, según los datos que manejan agrupaciones sectoriales como Oficement, Confemetal y la Asociación Española de Grandes consumidores de Energía (AEGE), que agrupa a las compañías más intensivas en energía.

Sectores "discriminados"

Algunos de los principales grupos industriales afectados, entre los cuales Solvay, Repsol, Ercros, Celsa, Torras, Valenciana de Cementos o Cementos Molins, son exportadores y operan en mercados abiertos, lo que significa que no pueden repercutir los costes por emisiones en sus precios.

Estas empresas se sienten doblemente discriminadas. Por una parte, respecto de los sectores que no quedan incluidos en la directiva, como son los transportes y el equipamiento de edificios. Y por la otra, frente a otros sectores, como el eléctrico, sí incluido y principal foco de contaminación, pero que podrá repercutir sus costes por emisiones de CO2 en sus precios finales. Es decir, en la tarifa del mercado regulado.

"Bruselas traslada el coste de las emisiones al consumidor energético", afirman medios de Oficement. Esta asociación sectorial destaca que la directiva y su calendario de aplicación en España "suponen un riesgo de discriminación. No obliga a todos los emisores de gases de efecto invernadero. Sólo a cinco sectores".

Según el informe Cambio climático y electricidad, de Price Waterhouse Coopers-Enerpress, el sector eléctrico español supera de largo la media europea en emisiones de CO2: en 2000, sus emisiones alcanzaron la cifra de 476 kg de CO2 por megavatio-hora, frente a 353 kg de la media UE y a 69 kg de Francia.

El vecino francés produce gran parte de su electricidad a base de energía nuclear, un tipo de energía que resulta limpia desde el punto de vista de los gases responsables del efecto invernadero, mientras España todavía utiliza una gran cantidad de térmicas convencionales, a base de carbón y fuel, altamente contaminantes.

En el mundo empresarial son muchas las voces que exigen ahora al Gobierno que modifique los criterios de reparto del total de CO2 disponible, ampliando el número de sectores afectados y disminuyendo así el impacto negativo que puede tener la aplicación de Kioto para unos cuantos. "Kioto ha puesto sobre la mesa la ausencia de enfoques ya consensuados entre la Administración y los sectores afectados", resume Ricardo Fernández, representante de la patronal CEOE en la negociación abierta entre las organizaciones empresariales y el Gobierno.

Para el conjunto de España, el mercado del CO2 puede llegar a alcanzar un coste difícil de soportar de 5.000 millones de euros al año, pero algunos analistas consideran que esta cifra todavía es conservadora, y prevén un coste del cumplimiento de Kioto del 1,5% del PIB anual. Además, las autoridades comunitarias preparan un sistema de sanciones para las empresas que incumplan, con multas que serán de 40 euros por tonelada en exceso, en el periodo 2005-2007, y de 100 euros en el periodo 2008-2012.

La Oficina Española del Cambio Climático, creada hace dos años por Medio Ambiente, parte del supuesto de que en España se aplicarán importantes medidas de reducción de emisiones de CO2, hasta el punto de que antes de concluir la década actual la tendencia media de las emisiones puede reducirse a la mitad respecto de los noventa.

Sin embargo, y frente a las previsiones optimistas de la Administración, la mayoría de expertos industriales cree que, de aquí a 2010, no pueden esperarse mejoras medioambientales respecto a los gases de efecto invernadero porque los cambios tecnológicos no tendrán una incidencia significativa en la emisión de dióxido de carbono durante la fabricación o el uso de los bienes industriales o de consumo. Es decir, que aunque estén dispuestas a invertir grandes sumas para mejorar el impacto medioambiental, las empresas implicadas no conseguirán reducir sus emisiones.

A partir de este escenario de incapacidad tecnológica, los expertos sólo cuentan, a medio plazo, con los ecosistemas vegetales como captadores complementarios de CO2.