¿Por qué Irak y por qué ahora?
Una de las razones que tanto la Administración Bush como la Administración Aznar han dado para justificar la intervención militar en Irak ha sido la de defender los derechos humanos de la población iraquí, facilitando el establecimiento de la democracia en aquel país tras el derrocamiento del dictador Sadam Husein. Esta justificación, sin embargo, tiene escasa credibilidad. Fueron precisamente los gobiernos estadounidense, británico y francés los que ayudaron al establecimiento de tal dictadura. Y en 1989, la Administración Bush padre se opuso a que las Naciones Unidas indagaran la violación de los derechos humanos del pueblo iraquí por parte de Sadam Husein. En realidad, fue la Administración Bush padre, así como la Administración Reagan antes, las que dotaron al dictador Husein con armas biológicas y químicas de destrucción masiva. La persona dentro de la Administración Reagan que lideró tal campaña de apoyo a Sadam Husein fue precisamente el señor Rumsfeld, hoy secretario de Defensa de la Administración Bush hijo. Tal apoyo a Sadam Husein y a otros regímenes enormemente opresivos en el Oriente Medio como Arabia Saudí respondía al deseo de todos los Gobiernos estadounidense (incluyendo los Gobiernos de Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo) de prevenir el surgimiento de movimientos populares que pudieran cuestionar su dominio sobre esta zona la cual tiene una gran importancia estratégica debido a su gran riqueza petrolera. En un documento interno del Estado Mayor de los Ejércitos de EE UU, Strategic Assesment, preparado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Departamento de Defensa del Gobierno de EE UU, se indica que los "problemas de seguridad nacional en el siglo XXI se centrarán en conflictos sobre la propiedad y distribución (incluyendo las rutas de tráfico) de recursos energéticos en todas las partes del mundo, pero muy en especial en el golfo Pérsico y en la región del Caspio", áreas definidas como vitales para EE UU. A una conclusión semejante llegó el grupo de trabajo (National Energy Policy Development Group), dirigido por el vicepresidente Cheney, que desarrolló el Plan Energético Nacional, percibido ampliamente por la prensa de Washington como escrito por las compañías energéticas próximas a la Administración Bush. Este documento nunca ha sido discutido por el Comité de la Energía y Comercio del Congreso de EE UU, uno de cuyos miembros, el congresista John Dingle, lo ha denunciado, señalando las contradicciones que aparecen entre las declaraciones del presidente Bush que subrayan que la intervención militar en Irak no tiene nada que ver con el petróleo, y lo que señalan aquellos documentos internos de la Administración Bush. La realidad es que si el primer producto exportador del Oriente Próximo fuera lechugas, es muy poco probable que hubiera habido una invasión del Irak.
El control de la zona del Próximo Oriente responde a un diseño de dominio hoy en el mundo por parte de la Administración Bush. En este aspecto, es paradójico que en un periodo histórico en que ni siquiera las izquierdas hablaban del imperialismo estadounidense, sean asesores e intelectuales influyentes en el desarrollo de la política exterior de EE UU quienes hablan sin ningún rubor de "las responsabilidades imperiales de EE UU". Así, Robert Kaplan escribe en su último libro, Warriors Politics, que "una nueva cruzada es necesaria para traer prosperidad a distintas partes del mundo a través de la influencia del imperialismo benigno americano". Y Michael Ignatieff, catedrático de Derechos Humanos de Harvard University, indica que "el imperialismo solía ser una carga y responsabilidad de la civilización blanca en el mundo. El hecho de que tenga mala reputación no lo hizo innecesario. Aunque no es políticamente correcto, el imperialismo continúa siendo necesario" (New York Times Magazine, 28-07-02).
Central en este esquena imperial está la exportación del modelo neoliberal a ultranza y que la Administración Bush está aplicando a EE UU y desea exportar al mundo. Este modelo consiste en unas políticas clasistas extremas, definidas recientemente por The New York Times como "el modelo de lucha de clases desde arriba" (4.III.03), que favorece enormemente a las rentas muy superiores (su reforma fiscal ha significado unos beneficios de 500.000 millones de dólares para el 1% de los contribuyentes) a costa de las clases populares, que han visto un gran deterioro de los servicios públicos debido a los recortes muy acentuados de los fondos sociales federales (que incluyen, por ejemplo, la anulación de un gasto de 60 millones de dólares destinados a financiar los servicios sanitarios de los trabajadores que limpiaron las ruinas de las Torres Gemelas de Nueva York), y a la transferencia de fondos públicos a las áreas militares. Un millón de estadounidenses, por ejemplo, perdieron su cobertura sanitaria el pasado año. Estas políticas regresivas, definidas por el secretario general de la Federación de Sindicatos, señor Sweeney, como "las más reaccionarias y antisindicales desde el presidente Hoover", están creando un enorme descenso del consumo público social, que ha contribuido en gran manera al mayor crecimiento del desempleo desde 1992 (Bureau of Labor Statistics, feb. 2003). No es de extrañar, por lo tanto, que a principios de marzo, el 62% de la ciudadanía indicaba que la economía iba mal y un 56% consideraba que el rumbo doméstico que el Gobierno estaba siguiendo era equivocado (Public Opinion Watch, marzo 10-14).
La respuesta de la Administración Bush a esta situación ha sido, por una parte, aumentar la represión en contra de los intentos de organizar una oposición a sus políticas, oposición muy centrada en los sindicatos y en las clases populares, recortando sus derechos sociales y civiles, presentando tales recortes como necesarios en la lucha antiterrorista. Así, el fiscal general, señor Ashcroft, ha acusado a los sindicatos de hacer el juego a Sadam Husein al oponerse éstos a los planes de privatizaciones de los servicios públicos que la Administración Bush justifica como necesarios en la lucha antiterrorista. Esta enorme reducción de los derechos civiles, desconocido desde los tiempos del macartismo, se presentan como necesarios para parar al terrorismo, cuyos ataques, se predice (dos veces por semana), están al caer. Desde que se inició el ataque a Irak todas las instituciones públicas y privadas han recibido instrucciones del Gobierno federal de cómo protegerse frente a ataques nucleares, biológicos y químicos, amenazando con intervenciones policiales masivas en casos de disturbios, nota que se acentúa en las instrucciones que se envían a los centros universitarios. Se presentan así todas las resistencias a las políticas clasistas del Gobierno como "antiamericanas" y que están ayudando al enemigo. El 32% de la población, sin embargo, se ha opuesto a la invasión militar del Irak, incluyendo, además de los sindicatos y de las iglesias católica y protestantes, la mayoría de las asociaciones afroamericanas e hispánicas (excepto las cubanas). Este último punto debería conocerse en España, puesto que el señor Aznar justificó su apoyo a la Administración Bush en su ataque al Irak por la necesidad de expresar su solidaridad con la población hispana de EE UU. Las encuestas muestran, sin embargo, que hubo más hispanos que se opusieron a la invasión que la apoyaron, y ello no sólo como consecuencia de su desacuerdo con las políticas belicistas del Gobierno estadounidense, sino también por su concienciación de que la guerra y ocupación de Irak la están pagando las clases populares con los recortes de los gastos y servicios sociales, recortes sin precedentes en los últimos cincuenta años. Una situación preocupante para Bush es que, en la campaña de las primarias del Partido Demócrata, que había comenzado informalmente en marzo, la situación doméstica estaba adquiriendo mayor visibilidad mediática, señalando las grandes vulnerabilidades de Bush en estas áreas. Es más, en esta campaña, las bases del Partido Demócrata se estaban rebelando en contra de la dirección de tal partido, que estaba apoyando la invasión a Irak. De ahí la urgencia de Bush de comenzar el ataque militar que, además de poner la temática doméstica en un segundo plano, movilizó el sentido patriótico de la ciudadanía, que tradicionalmente han apoyado a las fuerzas armadas en tiempo de guerra. En la encuesta Gallup del 20 de marzo, el día después que se inició la intervención militar, el 59% de la población expresaba su apoyo a tal acto bélico, refiriéndose al deber patriótico de apoyar a los soldados en combate, que son en su mayoría hijos de la clase trabajadora de aquel país. Por otra parte, el terrorismo y el miedo e inseguridad que crea en la población es la mejor aliada de la Administración Bush. De la misma manera que el terrorismo de ETA ayuda electoralmente al Gobierno Aznar, el terrorismo de Al Qaeda ayuda electoralmente a Bush. Bush es plenamente consciente de que el ataque a Irak aumentará el terrorismo (lo cual determinó la dimisión del señor Rand Beers, el responsable de la lucha antiterrorista en el Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno federal, el cual indicó que "la guerra y ocupación del Irak dañará enormemente la lucha antiterrorista"), lo cual le beneficia, pues le permite continuar con sus políticas domésticas regresivas gozando a su vez de un apoyo popular. En este sentido, ser antipolítica belicista del Gobierno Bush no significa ser antiamericano (como las voces conservadoras hoy en España están indicando), sino todo lo contrario, es favorecer el bienestar de las clases populares de EE UU.
Vicenç Navarro ha sido profesor de Políticas Públicas y Estudios Políticos en la Johns Hopkins University (JHU) durante treinta y cinco años. Hoy dirige el Programa de Políticas Públicas, patrocinado conjuntamente por la Universitat Pompeu Fabra y la JHU.
