Telefónica dice que el Gobierno no le permite "competir libremente"

Telefónica, que mantiene una cuota de mercado por ingresos superior al 80%, pide al Gobierno que la deje "competir libremente". El presidente del grupo, César Alierta, aprovechó ayer la junta de accionistas que aprobó las cuentas de 2002 y el reparto del 30% de las acciones de Telefónica en Antena 3 para cargar contra los "graves problemas" y las "restricciones artificiales" a la competencia que, a su juicio, arrastra el marco regulador de las telecomunicaciones.

Fue una junta con algarabía, y su transcurrir estuvo condicionado por la presencia de un puñado de trabajadores de Sintel y de representantes de sindicatos minoritarios de Telefónica. Su griterío intermitente perturbó las explicaciones de Alierta y del consejero delegado, Fernando Abril, sobre la evolución del grupo en el año (perdió 5.577 millones) y sobre el "optimismo justificado" cara al futuro. Esta actitud, que se ha convertido en sistemática, desanimó a algunos accionistas, que se marcharon antes de votar. Muchos de ellos se quejaron por considerar que esos grupos aprovechan la repercusión de una junta para protestar sin tener en cuenta el derecho de recibir información.

Por encima de estas voces, Alierta quiso tranquilizar a los representantes de su millón y medio largo de accionistas. Su mensaje apuntó que, tras la crisis, el sector encara una fase de "crecimiento sostenible" en la que Telefónica se ha situado en "ventaja" al haber "sacrificado dudosos beneficios de presente", en alusión al saneamiento de activos por un importe de 6.326 millones de euros. Pero este panorama más amable, al que ayudan factores como el inicio de la recuperación en Argentina o la base de clientes de banda ancha como punto de partida para abordar nuevos negocios, topa con "la presión regulatoria", que, en palabras de Fernando Abril, "continuará entorpeciendo nuestra actividad en telefonía fija y móvil".

En España, el ex monopolio considera que ya ha hecho "su parte" para liberalizar el mercado, y que ahora le toca mover ficha al regulador. "Limitar la actuación comercial de cualquier operador", dijo Alierta en referencia a las trabas que en su opinión le impiden recuperar clientes migrados a los operadores rivales, "únicamente perjudica a los usuarios". Otra de las críticas se refiere a los precios de interconexión, que "no reconocen los costes reales" y que "frenan las inversiones". El presidente de Telefónica echó otra andanada contra el "intervencionismo en precios minoristas y mayoristas", porque desincentiva la innovación. Alierta concluyó que la compañía sale bien parada de la apertura del mercado a otros competidores pese a "una de las regulaciones más exigentes y unas obligaciones de servicio universal injustas, que exceden las de cualquier otro país del mundo", y expresó su deseo de que la nueva ley de las telecomunicaciones, en trámite parlamentario, "permita recuperar la confianza" de los inversores en el sector.

En Latinoamérica, donde la apuesta del grupo es "a largo plazo" aunque en 2002 Telefónica Latinoamérica tuvo unas pérdidas de 182 millones, la preocupación tiene que ver con la apertura del bucle local y los posibles riesgos de cambio en el price cap (tarifa máxima) en Brasil, los intentos de suprimir la cuota de abono en Perú y la congelación de tarifas en Argentina.

Caso Sintel aparte, en el que el antiguo presidente de su comité de empresa estimó en 150 millones de euros el coste para Telefónica del proceso judicial abierto por la quiebra de la empresa, buena parte del largo turno de preguntas rezumó la inquietud de la plantilla por la vía que el grupo explora para ser más competitivo. Entre otras medidas, fuentes próximas al grupo señalan que Telefónica planea un recorte de entre 10.000 y 15.000 empleos en cinco años, principalmente en la división de telefonía fija. Alierta, que resolvió las respuestas en pocos minutos, reiteró lo dicho el día anterior: el objetivo es "mejorar la eficiencia comercial y operativa en un diálogo normal con los representantes sindicales".