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CiU pone fecha a su ruptura con el PP en el Ebro

Espadaler convoca al Consorcio del Delta para escenificar la ruptura con el PP

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Ramon Espadaler, confirmó ayer que CiU bloqueará el Plan Hidrológico Nacional (PHN) si no se garantiza un caudal mínimo para el Ebro de 135 metros cúbicos por segundo, que supone que el agua trasvasada será como máximo de 500 hectómetros cúbicos al año, contra los 1.050 que establece el PHN. El Ejecutivo catalán decidió ayer convocar el consejo del organismo mixto que debe fijar este caudal para el próximo 24 de abril. Espadaler advirtió que la cifra fijada por CiU "no es para el regateo".

Todo parece indicar que la escenificación de la ruptura entre CiU y el PP en Cataluña se producirá el próximo día 24, cuando se reúna el Consorcio del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE) para fijar esta cifra. Populares y convergentes participan con igual proporción en el organismo creado para controlar el trasvase. El duelo está servido. Espadaler y el delegado de la Generalitat en las comarcas del Ebro, Francesc Sancho declaraban 'innegociable' la cifra que reduce a la mitad el agua que puede ser trasvasada. Espadaler aseguró que el caudal mínimo de 135 metros cúbicos por segundo es el resultado de exhaustivas mediciones científicas que se aplican igualmente al resto de cuencas catalanas, sin la cual no existen garantías para la sostenibilidad ecológica del Delta del Ebro. Sin estas garantías, el PHN no puede tener financiación europea ni atisbos de llevarse a cabo. No es una cifra 'política, sino científica', dijo el consejero, y no se pueden deducir fines electoralistas de la misma, añadió. Espadaler siguió al pie de la letra la consigna ya anunciada la víspera por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, después de entrevistarse con la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. Ésta, por su parte, reaccionaba ayer desde Madrid y se mostraba tajante: el trasvase del Ebro 'no se va a parar', dijo, al tiempo que acusaba a CiU de utilizar el debate sobre el caudal ecológico de forma electoral y oportunista.

Leyes y reglamentos

CiU lleva ya un tiempo procurándose un papel maquiavélico en torno al desarrollo del PHN. Las disposiciones adicionales que consiguió introducir en el Congreso cuando se aprobó el plan son tan efectivas que en cierto sentido incluso le permitirían suplantar la ley. Se trata del viejo axioma del conde de Romanones: "Que los diputados hagan las leyes y dejadme a mí los reglamentos".

El Gobierno de CiU tiene claro que la letra pequeña vale más que la mayúscula. "La oposición del PP al Plan Integral del Delta del Ebro [PIDE] es la prueba del nueve de que es útil", dijo Espadaler, olvidando los parabienes que Felip Puig, su antecesor en el cargo, hizo al trasvase, tan denostado ahora por los convergentes.

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Ebro exigió ayer al Gobierno de CiU que si pretende hacer una política contra el trasvase paralice las obras del canal Xerta-Sènia, de la unión de las redes de las cuencas internas de los ríos Llobregat, Ebro y Ter, y también que disuelva el CPIDE.

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En el otro lado de la barrera, el presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, entregó ayer en Bruselas, en las oficinas de la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström, y del presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, un análisis que cuestiona los informes críticos con el PHN presentados por la Junta de Aragón. Pese a reconocer la "indiscutible competencia" de los expertos contratados por el Ejecutivo aragonés, el documento asegura que sus informes no son más que "conjeturas y razonamientos especulativos".

Olivas explicó ayer en Bruselas que los informes encargados por Aragón "carecen del más mínimo rigor y credibilidad". "No han conseguido encontrar argumentos sustanciales y bien fundamentados en contra del PHN porque no existen", dijo. "Si estos son los mejores informes que la Diputación General de Aragón tenía para oponerse al PHN, y es de suponer que es así, apaga y vámonos", sentenció.

El análisis presentado ayer en Bruselas asegura que "las hipótesis que cuestionan el PHN son opiniones subjetivas que carecen de valor científico al no estar basadas en hipótesis contrastables" y que en los informes "se imputan a la ley riesgos de que se produzcan errores cometidos en otras partes, otros tiempos, otras circunstancias" como consecuencia de otros proyectos que no forman parte del plan hidrológico.

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