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Las razones del otro

Francesc de Carreras

Quizá la guerra nos ha contagiado un poco a todos. El espíritu bélico es justamente lo opuesto a un diálogo en el que las partes lo único que desean es aprender mediante el contraste de posiciones razonadas. La guerra -a menos que sea en legítima defensa- es lo más parecido al puñetazo sobre la mesa de quien quiere tener razón porque se cree el más fuerte y no quiere ni cree necesitar escuchar las razones del otro. Pues bien, algunos en Cataluña, minoritarios pero siempre los mismos, utilizan este método brutal ante la pasividad y, en casos, disimulada complacencia de quienes pueden y deben estimular el libre debate.

Ello viene a cuento por los 76 ataques contra sedes o personas del PP en Cataluña durante las tres semanas transcurridas desde que comenzó la guerra. No se trata de hechos aislados, sino continuación de otros que se vienen repitiendo en los últimos años por motivos muy distintos a los actuales. Los autores siempre son los mismos y su campo preferido de acción son las universidades. La finalidad es impedir que algunos hablen, que ciertas voces sean escuchadas, que el contraste de ideas sea ejercido libremente. A esto hay que llamarle por su nombre: se trata de actitudes, simple y llanamente, fascistas.

No soy sospechoso de estar a favor de esta guerra. En los últimos dos meses he escrito cerca de una decena de artículos contrarios a ella y a quienes la han desencadenado. También, por supuesto, a quienes le han dado apoyo público, como es el caso del Gobierno español. Creo que el ataque a Irak por las fuerzas que se llaman aliadas ha sido ilegítimo e ilegal. Además, de una brutalidad cruel, de una violencia espantosa e injustificable. Igualmente, consideré injustificables la guerra del Golfo de 1991 -en la que se "liberó" Kuwait, como 12 años después puede comprobarse por el régimen de libertades que hoy se disfruta en aquel país-; los bombardeos sobre Yugoslavia, especialmente Belgrado, en la ilegal guerra de Kosovo, y la guerra contra Afganistán con el absurdo objetivo -como se ha demostrado- de acabar con Bin Laden y Al Qaeda. Sólo las guerras en legítima defensa, ante un ataque, son, a mi parecer, defendibles. Nunca las intervenciones humanitarias, el combate contra el terrorismo o las guerras preventivas.

Por tanto, estoy en contra de la guerra actual como el que más. Pero como creo que todo es discutible y que nadie posee nunca toda la razón, precisamente lo que he echado en falta en el debate catalán de los últimos dos meses han sido argumentos a favor de posiciones que justifican la guerra. Leyendo entre líneas algunos artículos de las páginas catalanas de este mismo periódico, he sospechado que algunos colaboradores estaban a favor de la guerra o, por lo menos, le encontraban justificaciones. Pero nunca lo expresaban claramente, sino que se limitaban a dejarlo entrever mediante complejos circunloquios, seguramente para que no se notara mucho. El pensamiento catalán único operaba una vez más: lo políticamente correcto, esta vez, era estar contra la guerra.

Pero mucho más preocupante para nuestra salud democrática es impedir que hablen los miembros catalanes del partido en el Gobierno de Madrid, que, lógicamente, deben defender sus posiciones. Los agresores ocasionales son siempre minoritarios y perfectamente localizados, pero sus actos están intelectualmente legitimados, de manera expresa o tácita, por buena parte de la clase política y de los medios de comunicación. Es impresentable democráticamente que el alcalde de Reus disculpe la agresión a Alberto Fernández en aquella ciudad alegando que no quiso salir por la puerta trasera del edificio en el que se encontraba. Es impropio de un líder que aspira a ser presidente de la Generalitat utilizar una frase de Goering -leyéndola, sin justificación, en castellano, cuando el resto del discurso era pronunciado en catalán- para atacar a Aznar. No es creíble Carod-Rovira al condenar en el Parlamento las agresiones al líder catalán del PP sin desautorizar al mismo tiempo a las juventudes de su partido que el día anterior habían empapelado las paredes de Sant Cugat acusando de asesinos a los concejales populares de aquella ciudad. Ninguna de estas tres actitudes se corresponde con la pedagogía democrática que es inexcusable en la actuación de todo político.

También la mayoría de los columnistas y tertulianos justifican tácitamente a los agresores. Su razonamiento suele ser, simplificadamente, el siguiente: "Condenamos toda violencia de la manera más enérgica, pero... los del PP se lo han buscado". Este pero es, desde un punto de vista gramatical, una conjunción adversativa que sirve, precisamente, para contraponer lo dicho anteriormente con lo que se dice a continuación. En este caso, sirve para justificar aquello que nunca debe justificarse en democracia: la violencia que impide el libre ejercicio de los derechos del otro, en este caso, la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es un derecho cualquiera, sino un elemento central para la convivencia democrática. Como dijo Popper, en un debate hay que conceder "más valor a aprender que a llevar razón". Y añadía que en una discusión lo principal no debe ser convencer al otro sino, sabiendo que uno puede equivocarse, de lo que se trata es de que este otro le dé razones para que uno consiga aproximarse a la verdad. No sólo se le debe permitir expresarse en libertad por respeto a lo que dice sino, en interés propio, precisamente para aprender de lo que dice.

Ciertamente, no he encontrado ninguna razón válida para justificar esta guerra contra Irak. Pero si la hubiera encontrado, me habría gustado exponerla para intentar contribuir a formar una opinión pública libre, muy débil en una Cataluña que oscila entre el fanatismo que no piensa y la corrección política del que sólo procura quedar bien. Impedir que alguien exponga sus razones no es sólo antidemocrático porque no dejas al otro ejercer un derecho. Es también una actitud eminentemente conservadora: es dejar pasar la ocasión de que las razones del otro te permitan seguir pensando.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

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