El CAC pide que se aplique el mismo trato a todos los canales locales

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) intervino ayer en la polémica sobre la sanción impuesta por la Generalitat a la televisión municipal de Barcelona, BTV. "Sólo el escrupuloso respeto de unas condiciones equiparables en el trato para todos los actores del sector audiovisual permitirá resolver adecuadamente los problemas", señaló ayer el CAC en un estudiado comunicado en el que también afirma que, pese a ser "estrictamente legal", la intervención administrativa "no contribuye a dinamizar el proceso" para la ordenación del sector audiovisual catalán.

El comunicado del CAC, muy medido y fruto de un animado debate en el seno del consejo, recuerda las anomalías que sufre el sector audiovisual catalán, especialmente las televisiones locales, debido a la falta de un marco regulador español "lo cual provoca inseguridad jurídica entre los operadores". Desde el sector, añade, hay acuerdo en "ajustarse a una ordenación sectorial basada en el diálogo para afrontar la transición hacia un modelo más ordenado, sólido y estable". Es en este contexto de falta de reglamentos, e incluso de discusión sobre las competencias entre las diferentes administraciones, que el CAC reclama que se apliquen de forma "escrupulosa" el mismo trato a todos los canales.

Precisamente, esta falta de equidad ha sido la principal queja de BTV, que, por emitir hacia el Vallès -fuera del término municipal de Barcelona-, ha sido sancionada con una multa de 420.708 euros y el precinto del reemisor desde el que emite hacia esta comarca y algunos barrios de Barcelona en Collserola que estaban fuera de su área de cobertura. BTV considera que se la discrimina ya que se permite que televisiones privadas como City TV, por ejemplo, incluso anuncien públicamente el inicio de sus emisiones en Sabadell.

La polémica sobre esta sanción continua en otros frentes. El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Boada, atribuyó ayer directamente al conseller en cap, Artur Mas, la decisión "arbitraria y desproporcionada" del Gobierno catalán de sancionar a BTV, una medida que consideró una "represalia directa" contra un medio de comunicación "no afín" a Convergència i Unió. A juicio de Boada, el origen del conflicto se encuentra en la nula voluntad del Gobierno catalán de regular el sector de las televisiones locales ya que así "puede actuar arbitrariamente" y "favorecer a los medios que siguen sus postulados". Boada puso como ejemplo el caso de las 23 licencias de radio otorgadas "a dedo" o la anomalía de que en Barcelona funcionen tres emisoras locales cuando la legislación sólo permite dos.

El portavoz parlamentario de los socialistas catalanes, Joaquim Nadal, también criticó la "arbitrariedad y discrecionalidad" de esta medida contra BTV, pues, en su opinión, "el Gobierno catalán juega con las concesiones, las frecuencias y actúa según el calendario que le interesa". Frente a estas críticas, el convergente Ramon Camp desmintió que fuera una decisión contra BTV, "sino a favor de que se aplique la ley". Al ser preguntado sobre qué ley esgrimía, Camp respondió que se refería a la "ley estatal sobre televisiones locales".