RTVV: privatización sin salida

De todos es sabido que la privatización de Canal 9 ha figurado en el programa electoral del PP de la Comunidad al menos en dos ocasiones. Que con ocho años de mandato (de los cuales cuatro con mayoría absoluta) no se haya tenido tiempo para efectuar los cambios normativos necesarios para hacer jurídicamente viable la citada privatización muestra cuán poco ha venido a importar a los gobernantes que nos rigen el cumplimiento de aquella propuesta programática. Que, de repente, a dos meses de las elecciones, se haya puesto en marcha el proceso sin preparación jurídica alguna debe llamar la atención. Por de pronto hay que advertir que lo que se está haciendo es un verdadero despropósito legal, y mucho me temo que es, además, un despropósito político. Vayamos por partes.

El acuerdo del Consell de 4 de marzo por el que se trata de dar cobertura al proceso se remite en bloque a las recomendaciones primera, segunda y tercera del Dictamen de la Comisión sobre nuevas formas de gestión de RTVV adoptado por el Parlamento el pasado 12 de febrero, encomendando al Director General del Ente su ejecución. Lo que no deja de ser curiosa es la redacción del acuerdo gubernamental: esa parte del acuerdo del Gobierno con el Dictamen de la Comisión, encomienda al Director General del Ente su "cumplimiento y ejecución", pero "de acuerdo con el marco normativo audiovisual vigente" como si se hubieren efectuado las modificaciones legales necesarias para que dichos acuerdos tengan viabilidad jurídica. De este modo si el proceso llega a ramos de bendecir no hay problema, si se estrella tampoco hay problema: el acuerdo del Gobierno es rigurosamente legal merced a la salvedad del "marco audiovisual" y el que se come el marrón, en su caso, es el señor Director General, que en contra de la expresa voluntad del Consell se ha saltado la legalidad a la torera. Honestidad política se llama eso.

La salvedad del "marco audiovisual" es clave porque el Gobierno de la Generalitat sabe perfectamente que la privatización que se afronta es rigurosamente ilegal, como por demás acreditó en el Congreso de los Diputados el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. Lo sabe ab initio y no puede no saberlo después de la respuesta del Gobierno de la Nación. Resulta curioso que la ilegalidad de la privatización no provenga tanto de la vía escogida: la externalización de la programación, cuanto de su deficiente configuración legal. En efecto, las conclusiones a las que se remite el acuerdo del Consell hablan literalmente de "las nuevas formas de gestión" del servicio público RTVV (primera), de la "entrada de la iniciativa privada en la gestión" (segunda y tercera), no es de la mera externalización de partes más o menos extensas de la parrilla de lo que estamos hablando. De lo que se trata es de introducir una nueva "forma de gestión" "en el servicio público de RTVV". Y eso precisamente no es compatible con el "marco audiovisual", porque no es conforme con la Ley de Terceros Canales, ni con la de creación de la propia RTVV.

No es compatible con la Ley de Terceros Canales porque el segundo párrafo del artículo seis de ese cuerpo legal señala expresis verbis "la gestión que se concede no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros" y debe ser necesariamente desempeñada por la sociedad de íntegro capital público que es concesionaria, esto es, RTVV en nuestro caso. Como el acuerdo trata de traspasar la "gestión" y la ley prohíbe el traspaso de la "gestión" mediante cualquier instrumento legal la incompatibilidad del acuerdo con la ley es palmario, de lo que se sigue una conclusión ineludible, precisamente la que expresó en el Congreso el Vicepresidente del Gobierno: el acuerdo es ilegal y la privatización imposible mientras esa cláusula no se cambie. La cuestión es relevante porque tras la rotunda descalificación del Gobierno en el Congreso los acuerdos de aplicación de la privatización pueden ser constitutivos de delito: ni el Director del Ente ni los consejeros pueden esquivar razonablemente la imputación de que al ejecutar el acuerdo cometen una ilegalidad "a sabiendas".

Pero hay más. La operación es ilegal también desde la perspectiva valenciana, y lo es precisamente porque encomienda al menos parte de la "gestión" a empresas externas de naturaleza privada, lo que quebranta directamente el artículo quince, apartado primero, de la ley de creación que reserva a "sendas empresas públicas" la "gestión de los servicios públicos de televisión y radiodifusión". Además, aunque eso no fuere así, chocaría de frente con las competencias del Consejo de Administración, una de las cuales es fijar "anualmente" el porcentaje de producción propia (art.8, letra l), por lo que, aunque todo lo anterior no existiera, la encomienda de gestión a empresas privadas no podría tener duración superior al año, so pena de ilegalidad.

Como se ve, un despropósito legal. Por serlo es, además, un despropósito político. Pero este último es mayor todavía: privatizar Canal 9 cuando esa operación está mal vista por la opinión pública a semanas de las elecciones y en un contexto de fuerte erosión de los apoyos del PP, no es precisamente un acierto político. Si es que se pretende que Paco Camps pueda ganar las elecciones, claro está.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.