Una reforma de ida y vuelta

La reforma del mercado de trabajo ha sido tradicionalmente una de las grandes aspiraciones de todos los gobiernos desde 1977. El punto de partida de esta inquietud es la convicción de que el mercado laboral español heredado del régimen anterior era demasiado rígido, constituía un obstáculo para garantizar el crecimiento económico en un país integrado en el área europea y, por tanto, era necesario flexibilizarlo. Los gobiernos de UCD, PSOE y ahora PP han aportado su grano a esa flexibilización laboral con éxito diverso, aunque, sin ánimo polémico, la reforma más efectiva se ejecutó en tiempos de Joaquín Almunia como ministro de Trabajo.

El número 67 de Documentación Laboral es un exhaustivo análisis de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que es el intento de reforma laboral promovida en la segunda legislatura de José María Aznar. Y el análisis no es nada somero. Son 237 páginas de examen pormenorizado de la ley, prácticamente artículo por artículo y, además, desde varios puntos de vista. Tal atención vendría justificada por el hecho de que la ley "ha introducido una muy relevante modificación en las reglas del juego, en el régimen jurídico tanto de las relaciones laborales como de la protección social".

Lo primero que sorprende a los autores de este monográfico sobre Despido y desempleo (colaboran hasta doce, sin contar con los dos coordinadores) es la confusión técnica de la ley. A partir de este reproche inicial, se examinan los cambios introducidos por la norma, "apuntando asimismo su trascendencia o la diferencia con el régimen preexistente".

A pesar de que el examen es estrictamente técnico y jurídico, los autores no rehúyen el comentario de algunas evidencias políticas que han marcado la naturaleza de la ley. Por ejemplo, el hecho de que sea una reforma laboral que ha roto el acuerdo tácito preexistente de contar con el apoyo tácito de las organizaciones sociales; o el que muchas de las reformas decididas inicialmente por el Gobierno, instrumentadas a través de un real decreto, fueran posteriormente anuladas en la ley, como consecuencia evidente de la huelga general de junio. Unos cambios de ida y vuelta, al parecer.