Alperi decidió que se indemnizara a las harineras sin visitar las fábricas

El gobierno local del PP de Alicante admitió ayer un "evidente defecto formal" al indemnizar con dinero público a dos empresarios por el traslado de sus fábricas sin haber realizado una tasación oficial. Para remendar ese defecto, los populares han propuesto una "tasación a posteriori" que "convalida la supuesta irregularidad". El técnico que ha peritado el coste del traslado admite que ni siquiera ha visitado el interior de las fábricas.

"Es cierto que con carácter previo a la firma del convenio [entre el alcalde, Luis Díaz Alperi, y los titulares de dos empresas harineras] no se ha practicado una valoración del coste de los traslados de las industrias, lo que constituye un evidente defecto formal". Así lo admite el más alto funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Luis Ortuño, en un informe en el que, no obstante, sostiene que tal falta de tasación no invalida el convenio.

Díaz Alperi y los harineros firmaron un convenio urbanístico el 27 de diciembre de 2002 según el cual el Ayuntamiento, para "evitar posibles litigios" entre paticulares y desbloquear un plan parcial de gran valor inmobiliario, cede a los titulares de las industrias 10.200 metros cuadrados como indemnización por el traslado de la actividad fabril a otro lugar. El PP, por boca del edil de Urbanismo, José Luis Pamblanco, admitió ayer que el Ayuntamiento no estaba obligado legalmente a indemnizar a las harineras. "Se ha llegado a un acuerdo por el bien de la ciudad", dijo.

El informe del funcionario incluye una tasación realizada por el aparejador municipal

a posteriori de la firma del convenio, que llega a la siguiente conclusión: "Se estima, en consecuencia, que el montante total de las indemnizaciones por todos los conceptos, según datos disponibles, a estas dos industrias harineras puede ascender aproximadamente a 3.294.448 euros". El técnico que suscribe tal valoración advierte en su informe que se trata de un estudio estimativo, "puesto que no se han visitado los interiores de las fábricas y se desconoce la complejidad real de sus instalaciones". Las construcciones de las harineras tienen una antigüedad de 70 años.

Con todo, los técnicos municipales llegan a la conclusión de que el acuerdo ha sido ventajoso para el Ayuntamiento. "(...) el valor de la contraprestación municipal es inferior al valor estimado de los costes de traslado", indica el informe técnico.

El informe municipal se ha basado en la infomación de parte aportada por las dos empresas, y se ha completado con una cartografía castastral, una fotografía aérea de la zona tomada en 1975 que había en el Ayuntamiento y una inspección ocular de los exteriores de las factorías.

La peculiar tasación municipal está incluida en la respuesta a los recursos que contra el convenio interpusieron dos grupos de la oposición municipal. Socialistas, Esquerra Unida y Grupo Mixto sostienen que el acuerdo es nulo de pleno de derecho. Coloquialmente lo han definido como "un regalo que el alcalde hace a los empresarios".

"Éste es el informe que a ningún funcionario le gustaría hacer", admitió ayer el jefe de los servicios técnicos de Urbanismo quien, con su firma, rechaza las tesis de la oposición y valida técnicamente un convenio que el secretario general del Ayuntamiento se ha negado a firmar y que ha concitado el rechazo de la oposición en bloque. Para el alto funcionario municipal no ha sido facil rebatir legalmente las tesis de la oposición. Para sustentar la legalidad del controvertido convenio se ha escudado en una ley preconstitucional, en concreto, en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y en el artículo 64 del Reglamento de Gestión Urbanística.