Constituido en el Ayuntamiento de Madrid un Registro Municipal de Intereses, con la oposición de UCD

El Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de su pleno con la oposición de UCD, cuenta desde ayer con un Registro Municipal de Intereses en el que todos los miembros de la Corporación, delegados, directores de empresas municipales y funcionarios de empleo de nivel directivo, así como los funcionarios de Cuerpos Nacionales y técnicos de las administraciones general y especial, deberán declarar anualmente los intereses privados que tengan o puedan tener relación con la actividad municipal. La medida persigue "la mayor transparencia en la actuación municipal" para lo que se considera imprescindible asegurar el "mantenimiento de los mayores niveles de honestidad en la actuación de los servidores públicos".

En la misma sesión, el portavoz del grupo de concejales socialistas en la Corporación y padre del proyecto que crea el Registro, José Barrionuevo, anunció la próxima presentación de otras medidas similares tendentes a lograr los mismos objetivos. La introducción del proyecto de creación del referido Registro señala que "se procura evitar así, en la medida de lo posible, cualquier situación de corrupción que pudiera traducirse en actuaciones irregulares o injustas por parte de un organismo publico". La oposición centrista al Registro, expuesta por el portavoz de este grupo, Alvarez del Manzano, y el concejal del mismo Antonio Vázquez, se fundamentó, básicamente, en el principio de privacidad que ampara a todo ciudadano. En el caso de los funcionarios, además, colisionaría la norma aprobada, según la argumentación legal de UCD, con la legislación que regula la actución del funcionariado. Discrepancias de fondo y razones de inoportunidad Alvarez del Manzano, agotado el capítulo de críticas al proyecto, que en todo momento fue tildado de demagógico e, incluso, descalificado desde un punto de vista legal por las inconcreciones que contiene, señaló que votaba en contra por discrepancias de fondo, .además de por razones de inoportunidad". Antonio Vázquez objetó -puntualmente el proyecto en debate y surgirió que, alternativamente al Registro que se rechazaba, se estableciera la obligatoriedad de que cada miembro de la Corporación declare sus bienes en un registro de carácter interno. La propuesta centrista sugería, incluso, que estas declaraciones se realizaran con carácter retroactivo al 19 de abril de 1979, fecha de constitución del actual Ayuntamiento. La intervención centrista se cerró con las preguntas formuladas por Felipe Martín a propósito de quién fue la decisión de encargar a personas ajenas a la Corporación un dictamen que informara favorablemente el proyecto de creación del Registro de Intereses. -Dicho dictamen rebatía los informes que en contra del Registro emitió en su día el servicio Contencioso del Ayuntamiento, e incluso justificaban que los propios afectados por la medida propuesta se pronunciaran sobre la misma. Este juicio de valor del dictamen de los expertos -dos catedráticos de derecho administrativo- fue rechazado por los letrados del Servicio Contencioso Municipal y condenado por UCD, que consideró improcedente la mediación de personas ajenas a la Corporación en un asunto interno. Felipe Martín preguntó también por el importe del referido dictamen, quién lo va a pagar y con cargo a qué partida. Barrionuevo aclaró que fue él quien encargó el dictamen, que costó 300.000 pesetas, que abonará el Ayuntamiento con cargo a una partida que en su día sera comunicada. Honestidad probada de los funcionarios Ya en materia, Barrionuevo negó que el proyecto naciera cuando surgió la denuncia de corrupción que le costó su cargo al último segundo teniente de alcalde, Alonso Puerta, e insistió en su convicción de que los funcionarios, todos, son honestos. "No obstante", dijo, "hay que reconocer que existe una cierta creencia popular a imaginar lo contrario, por lo que, desde una vertiente positiva, el Registro trata de desmontar cualquier posible sospecha". Jaleado desde la tribuna pública por sus incondicionales, el portavoz socialista hizo suya la propuesta alternativa de UCD y quedó incorporado al texto del Registro, como un nuevo apartado, la obligación de declarar los bienes de los concejales desde su entrada en el Ayuntamiento. Anunció también su temor de que la Dirección General de Administración Local anule el acuerdo que crea el Registro, lo que "sería un gravísimo error", dijo Barrionuevo, y advirtió que la inclusión en el mismo de los funcionarios municipales de carrera será anunciada por el alcalde próximamente, con la sugerencia socialista de que se produzca de manera voluntaria, "en un intento de demostrar que no existe la oposición que algunos tratan de argumentar".