A contrapelo del 'consenso' habitual

El lunes pasado, la OPA de Gas Natural (GN) sobre Iberdrola rompió varias convenciones arraigadas en el establishment de los directivos de las grandes empresas españolas. El lanzamiento de la oferta se decide por votación del Consejo de GN y no hay mayoría; en favor de la operación vota el Consejero Delegado de la empresa que ha sido nombrado por una parte de la propiedad (el 24% de Repsol) que se opone a la OPA; y, por fin, se sugiere que la oferta no se ha consultado con el Gobierno.

Si se empieza por la última cuestión, resulta que hay indicios de que el ministerio de Economía fue consultado en diciembre de 2002 sobre un nuevo intento de unir Gas Natural e Iberdrola. La respuesta de Rodrigo Rato fue la de ocasiones anteriores: no es el momento. Al ministro de Economía le incomodan los grandes cambios empresariales en el sector energético porque, hasta el momento, todos los que se han promovido desde 1996 han fracasado. Por ejemplo, la fusión Endesa-Iberdrola o el amago de OPA de Repsol (con GN) sobre Iberdrola que frustró Rato casi en la línea de llegada, cuando ya estaba redacto el folleto de la oferta que se iba a presentar en la CNMV.

El ministerio de Economía fue consultado en diciembre sobre la OPA; respondió que "no era el momento"

La pregunta es si una OPA favorece a los accionistas. Si es así, la opinión de los directivos (es decir, del consejo, que, en este caso, posee un porcentaje muy bajo de la propiedad) no debe ser decisiva. Pero la posición del consejero delegado de GN, José Luis López de Silanes, nombrado a instancias de Repsol y defensor, en contra de los intereses de su patrocinador, de la OPA, es uno de los acontecimientos más extraordinarios de esta operación.

¿A quien se debe un consejero delegado? ¿Debe defender los intereses de toda la empresa o tan sólo es responsable ante el grupo de propiedad que avaló su nombramiento? La cuestión no está resuelta; es más, los campanudos informes Olivencia y los nuevos códigos de [buena] conducta empresarial nada dicen de este dilema que, por cierto, no sólo se plantea en GN. En función de la respuesta a esas preguntas y si se considera que la OPA, tal como está concebida, es beneficiosa para los accionistas de su empresa, podrá cada cual decidir si López de Silanes ha traicionado o no la deontología empresarial, por otra parte tan mal definida en los manuales españoles de buen gobierno. Bien entendido que, por otra parte, Repsol obraría con toda lógica si no mantiene a López de Silanes o pide su destitución.

Tal como se están desarrollando los acontecimientos, la OPA parece más una maniobra para dinamitar el acuerdo entre Repsol y la Caixa en GN que una operación para conformar una empresa energética más compleja que sea capaz de abaratar los costes de producción eléctrica y dar mejor servicio a los consumidores de gas y electricidad.