Las defensas atacan al fiscal jefe de Vitoria por sostener la causa del espionaje a HB pese a sus "irregularidades"

Los defensores de los seis imputados por el caso de las escuchas ilegales a la sede de HB en Vitoria, entre quienes están los dos últimos directores del Cesid, Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, recalcaron en la sesión de ayer del juicio, que quedó visto para sentencia, lo endeble de la acusación. Tras reconocer lo evidente, que el piso era del Cesid, -"una instalación susceptible de ser utilizada", en palabras de Calderón- y que uno de los dos acusados por la Fiscalía, Mario Cantero, vivía allí, negaron la mayor: que se hubiera cometido el delito al intervenir las comunicaciones sin permiso judicial.

Aunque sea difícil de creer que los aparatos no se hayan usado, y la Fiscalía considere acreditado su uso, la acusación no ha conseguido demostrarlo en la vista, según las defensas, ya que, según consta en el sumario, "no hay cintas con las intervenciones", "las encontradas estaban vacías", "no hay huellas digitales de ninguno de los imputados en los grabadores", y aunque las derivaciones telefónicas estaban hechas, "los aparatos no estaban conectados" cuando se produjo la intervención judicial. Las periciales caligráficas tampoco relacionaron a los imputados con las notas escritas con los nombres de miembros de HB en los sistemas, algunos de ellos obsoletos, de grabación y reproducción.

El juicio terminó con duras críticas de los defensores al fiscal jefe de Vitoria, Alfonso Aya, por mantener la acusación en un caso "con irregularidades" desde que comenzó en 1998. Aya se basó en la declaración realizada el 21 de abril de 1998 por el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, en el Congreso, en la que, tras reconocer la infraestructura del Cesid en Vitoria dijo que se había obtenido "abundante" e "importante" información sobre HB.

Las defensas arguyeron indefensión al no poder interrogar al ministro. Frente a la libre absolución que solicitaron las defensas, la Fiscalía confirmó la petición de dos años y seis meses para dos acusados, con multa y 12 años de inhabilitación. Los abogados de la acusación particular mantuvieron la petición de prisión para los seis acusados, aunque superior para Manglano y Calderón.