Ribó califica a Canal 9 como una manifestación de "cáncer antidemocrático"

El coordinador de Esquerra Unida, Joan Ribó, señaló ayer que la Comunidad Valenciana "padece un cáncer antidemocrático del que es responsable el Partido Popular", y que Canal 9 es la manifestación más patente de esta situación. Asimismo, valoró que la manipulación y la censura de la cadena se acercan al nivel de una dictadura. De esta forma conceptuó el informe del comité de redacción de la televisión autonómica, que revela, a criterio del dirigente de EU, que no se podía llegar más bajo en materia de manipulación y censura en los informativos a las organizaciones sindicales, sociales o políticas que no comparten las opiniones del PP, "por no hablar del precario nivel moral, intelectual y de calidad de la programación".

El informe del comité, según Ribó, revela un culto todavía enfermizo al líder, una censura extremada y una manipulación tan primaria que se acercan a los niveles de cualquier dictadura. Ribó, al mismo tiempo, dijo que no se trata de un problema menor o que afecte sólo al derecho a la información en la Comunidad Valenciana, "que ya es básico e importante", sino que es "un grave conflicto de salud democrática que hace todavía más necesario que el 25 de mayo esta derecha cavernícola deje de gobernar".

El Consell Polític de Esquerra Unida (EUPV), reunido ayer en Valencia, aprobó el informe de gestión de Joan Ribó por 25 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. En su informe, Ribó defendió la existencia de otras políticas que garantizan la necesidad sostenible del agua de los valencianos, "más allá del PHN". Asimismo, hizo referencia al proceso de elección de candidatos para L'Entesa, la coalición en la que participa EU, y al actual momento político. En este sentido, Ribó dijo que la Comunidad Valenciana está "en un momento de profundo cambio político", y que el PP vive una "sensación de pánico electoral cada vez más evidente".

El Consell Polític de EU también aprobó una resolución sobre el conflicto de los camiones de basura vivido en las poblaciones de Buñol y Macastre, en la que denunció que la Guardia Civil, "con el beneplácito del delegado del Gobierno", Juan Cotino, transgredió la legalidad para ponerse al servicio de una empresa privada, al tiempo que se vulneraban los derechos democráticos de los alcaldes de Buñol y Macastre, Minerva Gómez y José Vicente Sáez, respectivamente.