La fiscalía de Lleida pide cinco años de cárcel para dos contrabandistas

Un fiscal de la Audiencia de Lleida solicita cinco años de prisión para Iván García Moreno y Juan Antonio Olivares Redondo, dos presuntos contrabandistas de tabaco acusados de intentar sobornar hace dos años a dos guardias civiles para obtener información sobre los servicios de vigilancia que los agentes del instituto armado realizaban en la aduana de La Farga de Moles y en las pistas forestales que comunican la comarca del Alt Urgell y Andorra.

El juicio comenzó ayer y es el primero que se celebra en Lleida con jurado popular por un caso de cohecho. Los hechos se remontan a finales del año 2000 cuando, una vez finalizada la operación Montaña -diseñada por el Gobierno para impedir la entrada en España de tabaco de contrabando procedente de Andorra-, dos agentes de la Guardia Civil destinados en La Seu recibieron de los acusados, residentes en Andorra, una sustanciosa oferta económica a cambio de que les facilitaran información privilegiada sobre la ubicación de los controles policiales situados en los pasos fronterizos con Andorra, ya que de esa manera podrían introducir mercancías de contrabando en territorio español sin ser interceptados y detenidos.

La principal prueba de cargo en manos del fiscal es la grabación magnetofónica de una conversación efectuada por uno de los agentes, que recoge el ofrecimiento de un sobresueldo de 3.000 euros mensuales o de 450 euros por cada cargamento que consiguieran pasar. La Audiencia aceptó como prueba para el juicio esta grabación, que en opinión de la defensa de García es irregular y carece de validez porque se obtuvo sin autorización judicial.

"Utilizando términos futbolísticos, la situación debería ser como la de un gol anulado porque se ha conseguido infringiendo el reglamento", alegó el letrado, que acusó a la Guardia Civil de haber provocado el delito al utilizar como confidente al otro acusado. Olivares -en prisión por el atraco a un furgón blindado en Murcia en 1998- afirmó ser un colaborador de la Guardia Civil y que en este caso se limitó a tender una trampa a García a cambio de beneficios penitenciarios. En ese momento estaba a punto de entrar en prisión para cumplir una pena de cuatro años por atraco.

Los dos acusados, con residencia en Andorra, negaron haber intentado sobornar a los guardias civiles y reconocieron dedicarse al contrabando de forma esporádica. Sin embargo, el fiscal y los guardias civiles que declararon como testigos indicaron que ambos formaban parte de una de las principales bandas de contrabandistas de tabaco que en esa época operaba en la zona a gran escala.