Setenta Gobiernos se comprometen a aplicar el Código Mundial Antidopaje
Se abre un difícil camino hasta la unificación definitiva de listas, sanciones y conceptos
Ya existe un Código Mundial Antidopaje, piedra angular de la futura lucha contra el dopaje. Lo aprobó ayer en Copenhague el comité fundador de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el organismo emanado del Comité Olímpico Internacional (COI) para dirigir el combate contra uno de los mayores males del deporte. Además, los cerca de mil delegados de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje, aprobaron por aclamación una resolución por la que el COI, los comités nacionales y las federaciones internacionales se comprometen a aceptar el Código y aplicarlo antes de los Juegos de 2004.
Los delegados aceptaron poner en práctica ese código antes del 13 de agosto de 2004, día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas. Fueron un total de setenta gobiernos, entre ellos el español, los que firmaron la Declaración de Copenhague, un compromiso moral, que no jurídico, para adaptar sus legislaciones nacionales antidopaje al Código Mundial antes de enero de 2006 y de los Juegos de Invierno de Turín.
"Algo huele a podrido en el reino de los daneses", dijo, literario, recordando al Shakespeare de Hamlet, y optimista, como aparenta, Jacques Rogge, presidente del COI. "Esa es una frase de antes. Ahora, a partir de hoy, podemos, sin embargo, decir que gracias a los daneses huele menos podrido en el reino de los deportes", añadió. Quizás exageró. Lo más duro y problemático, su adopción por las autoridades deportivas y los gobiernos de todo el mundo, por un lado, y la elaboración de una lista única de sustancias prohibidas, queda por llegar.
Richard Pound, el enérgico presidente de la AMA, sacó adelante su código, como se había propuesto, pero los tres días de la conferencia de Copenhague no han servido, más bien todo lo contrario, para eliminar descontentos y solucionar problemas. Las federaciones más críticas, las de fútbol y ciclismo, se van de Copenhague con el compromiso de revisión de uno de los puntos más controvertidos del Código, el automatismo de las sanciones. Según la redacción aprobada, todo positivo, cometido en las circunstancias que sean, salvo las consideradas excepcionales, acarrea una suspensión de dos años, que se convertiría en sanción a perpetuidad si el deportista fuera reincidente. Para los revoltosos, y para algunos países, ese concepto choca con la tradición y el propio ordenamiento penal, que concede a los jueces la potestad de aplicar distintas penas para un mismo delito dependiendo de atenuantes, agravantes y condiciones varias. De Copenhague, entonces, la mayoría de las federaciones internacionales se marchan con la convicción de que el código aprobado más que un texto último, marca unas líneas generales de comportamiento que deberán ser más precisadas en el periodo transitorio hasta Atenas.
Igualmente irresuelto queda el problema de las Ligas profesionales americanas, a las que se invita "firmemente" a unirse al código, apelando a su buena voluntad más que a la ley, aunque el COI y las federaciones mantienen, al menos de fachada, su firmeza a la hora de recordar que, si no lo hacen, los Juegos de 2012 no podrán ir a Nueva York, una de las posibles candidatas, ni ninguna gran competición internacional a Estados Unidos.
Si para que las federaciones adopten el código se prevé un futuro de transacciones, más complicado aún se presenta el lado gubernamental del asunto. Para que un país, por ejemplo España, pueda empezar a adaptar su legislación antidopaje al código será preciso primero que una entidad supranacional, que España intenta que sea la Unión Europea, y para ello ha incluido en el tratado de la unión el campo del deporte, o, en su defecto, el Consejo de Europa, organice una convención internacional que tenga poder jurídico para imponer el código. La AMA no tiene ese poder ya que es, por el momento, una fundación de carácter privado, aunque financiada al 50% con dinero público. Pero ahí no se acaba el proceso. Más complicada aún puede ser su puesta en marcha en un país como España, en el que no existe, más que nominalmente, una organización nacional antidopaje. El Comité Nacional Antidopaje, dependiente del Consejo Superior de Deportes, no se ha convocado en los últimos años, ni siquiera cuando la crisis Muehlegg. Y, si se convocara, coinciden los expertos, tampoco tendría mucha funcionalidad. Habría que crear, asímismo, un comité científico, y, lo que parece más peliagudo, determinar su dependencia administrativa, ya que para muchos sería contradictorio que del mismo organismo del que dependen los resultados deportivos de los internacionales españoles dependa también la lucha contra el dopaje.
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