El Poder Judicial pone objeciones a la reforma del Código Penal

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) objetará hoy algunos aspectos de la reforma que endurece las penas para los pequeños delitos y las faltas, especialmente si son reiterados, y que facilita la expulsión de los extranjeros que delincan, incluso antes de que se les juzgue. La mayoría conservadora avala la mayor parte del anteproyecto de ley, mientras la minoría progresista cree inconstitucional el tratamiento dado a la multirreincidencia.

Algunas de las objeciones al anteproyecto consensuadas por los ponentes del informe, Adolfo Prego, propuesto por el PP, y Montserrat Comas, vocal a iniciativa del PSOE, fueron suavizadas por Prego la semana pasada en la Comisión de Estudios, por lo que Comas, con el apoyo de Luis Aguiar, formuló un voto particular discrepante de la mayoría.

En el informe que probablemente aprobará hoy por mayoría el CGPJ, la reaparición de la multirreincidencia -derogada en 1983- es aceptada, si bien la posibilidad de que se agrave la pena para los previamente condenados por tres delitos similares al enjuiciado se sugiere que sea "potestativa para el tribunal", no obligatoria, como quiere el Gobierno.

El informe objeta la conversión de cuatro faltas cometidas durante un año en un delito, por estimar que "la reincidencia no debería poder transmutar la naturaleza de falta a delito".

Más tajante, la minoría progresista considera "constitucionalmente inadmisible la multireincidencia", dado que "el desvalor de un hecho no aumenta porque haya sido cometido repetidamente por el mismo sujeto".

Castigar sólo los hechos

Comas y Aguiar estiman que "sólo cabe fundamentar la multirreincidencia en la mayor peligrosidad criminal del sujeto", si bien "la peligrosidad así entendida es contraria a la Constitución", que en su artículo 25.1 admite la penalización de "sólo hechos y no personalidades", lo que "excluye el llamado Derecho penal de autor, que castiga a los sujetos por su personalidad o forma de ser".

La minoría razona que la conversión de cuatro faltas en un delito estimulará a delinquir, ya que el castigo por la cuarta falta será igual que si se comete un delito.

La mayoría no cuestiona que se convierta en regla general la actual potestad judicial de sustituir las penas inferiores a seis años de cárcel impuestas a los extranjeros no residentes legalmente en España. En cambio, critica que sólo se cumpla la pena en España por "la naturaleza del delito, concepto indefinido", y que para la expulsión no se tengan en cuenta "las circunstancias personales y de arraigo del condenado". Respecto a la posibilidad de que el juez expulse al extranjero procesado o inculpado por delito o falta con pena inferior a seis años de cárcel, el informe sugiere al Gobierno que busque "una redacción que permita dejar muy claro que el procesamiento o la inculpación no son causa" de expulsión.

José Antonio Alonso, vocal propuesto por el PSOE, afirmó ayer que la seguridad ciudadana no se mejora con leyes penales sino con "políticas sociales, policiales, judiciales y penitenciarias" y criticó los "tintes demagógicos y xenófobos" de la reforma sobre extranjería.