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La Junta exige en sus alegaciones a la renta agraria que Trabajo asigne más dinero a políticas activas de empleo

El Gobierno andaluz hizo ayer públicas sus alegaciones al proyecto de decreto que regulará la renta agraria, la nueva prestación ideada por el Ministerio de Trabajo para los jornaleros a los que el decretazo dejó sin posibilidad de acceder al subsidio agrario. La Junta reitera las principales reclamaciones de los sindicatos, que optaron por este trámite de alegaciones para tratar de modificar los "flecos pendientes" del sistema, que aceptaron en enero. A estas reclamaciones, el Ejecutivo autonómico añade la necesidad de evaluar el "montante económico" para su desarrollo, que intensifica las políticas activas de empleo en el medio rural.

La renta agraria, además de establecer una prestación similar al subsidio, lleva aparejada un "plan personal de inserción laboral": un "asesor de empleo" asignado al jornalero, además de incluirlo en ofertas de trabajo, determinará qué planes públicos de formación y empleo son los más adecuados.

El jornalero puede ser incluido en un curso de formación profesional, en talleres de empleo, escuelas-taller o casas de oficio (políticas activas de empleo que combinan formación y trabajo) o en planes de empleo municipales (las obras de infraestructuras del antiguo PER). El jornalero está obligado a aceptar estas propuestas.

- Más fondos. La Junta exige que el decreto incluya la necesidad de "dotar al servicio público de empleo correspondiente de los recursos humanos y materiales necesarios" para desarrollar estos planes de inserción laboral. Y también propone "nuevos criterios de reparto de los fondos". Esta propuesta hace referencia, sobre todo, a la distribución del dinero de las políticas activas de empleo, una competencia la Junta reclama desde hace seis años y cuyo traspaso ha sido fijado por el Gobierno para mayo. La Consejería de Empleo prevé que el desarrollo de la renta agraria exigirá más centros de formación y empleo y más funcionarios, por lo que plantea una revisión al alza de los fondos asignados a Andalucía (240 millones).

- Discriminación de inmigrantes. La Junta coincide con los sindicatos en que "debe suprimirse" el requisito de diez años de residencia por "ser constitutivo de una discriminación indirecta por razón de nacionalidad en relación con los trabajadores extranjeros".

- Peonadas PER. La Junta considera "deseable" que se incluyan las peonadas echadas en el antiguo PER para computar el número de jornales (un mínimo de 35) que condicionan el importe de la prestación, tal y como pasa en el subsidio.

- Duración. La Junta cree "razonable" eliminar "cualquier limitación" al periodo de cobro de esta nueva prestación, limitado por el Ministerio a seis veces.

- Discriminación de género. La Junta también cree que existe "una discriminación indirecta por razón de género" en la exigencia de cotización previa (entre cinco y veinte años) a los mayores de 45 años, un requisito que muchas mujeres no podrán cumplir.

- Competencias. Los servicios jurídicos autonómicos estiman que algunos artículos en los que se liga la gestión de políticas activas de empleo al Inem vulneran la "distribución competencial" que atribuye esa gestión a las autonomías.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de febrero de 2003