Junta y Diputación defienden que pueden impugnar actos de Cajasur

La Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba defendieron ayer ante el juez de Primera Instancia número 1 de Córdoba su derecho a demandar a Cajasur para impugnar los acuerdos de su Consejo de Administración del pasado 25 de noviembre, que aprobó acreditar a la entidad ante el Ministerio de Economía como caja fundada por la Iglesia Católica, lo que, de acuerdo con la Ley Financiera, supone que Cajasur queda bajo la tutela del Gobierno central.

En la audiencia previa celebrada ayer, Cajasur argumentó la "falta de legitimación" de estas dos instituciones para interponer tal demanda, basándose principalmente en el punto 54.7 de la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, en el que se señala que los acuerdos de los órganos de gobierno de las cajas pueden ser impugnados por los consejeros que no estuvieron presentes o por los que votaron en contra de los mismos. Para el letrado de la caja está claro que la legislación no permite a las administraciones "litigar con particulares para asuntos de índole privada", algo que la ley sólo admite para supuestos excepcionales.

Por su parte, el letrado de la Diputación señaló que el punto 54.7 no es "ni exclusivo ni excluyente", y la letrada de la Junta explicó que en este caso la Administración concurre en una posición de igualdad frente a Cajasur, dado que no puede actuar administrativamente para revocar un acuerdo de la caja que considera irregular y, por tanto, es el único medio que tiene en este caso para velar por la legalidad en la entidad y ejercer así sus competencias de control. El juez deberá determinar en los próximos días si admite la demanda y celebra juicio, para el que, en su caso, ha fijado fecha el próximo 20 de mayo.