Viejos y nuevos conflictos coloniales
Tres hechos en estos días van a condicionar las perspectivas de la paz y del derecho internacional. Las elecciones en Israel del pasado 28 de enero han ratificado la legitimidad formal de unas políticas claramente antidemocráticas. El día 30, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha resuelto por unanimidad prorrogar el mandato de la MINURSO sobre el tantas veces aplazado Referéndum del Sáhara hasta 31 de marzo. Finalmente, se continúa ultimando detalles de una acción bélica internacional contra Irak. Esta guerra en realidad se recrudece, porque los bombardeos aleatorios y el injusto bloqueo han marcado la vida del pueblo iraquí en los últimos años.
Es verdad que hay viejas o nuevas actitudes ante la guerra, ante la seguridad, ante el derecho internacional. En estas fechas, podemos comprobar que los viejos y nuevos colonialismos se solapan y aunque estos tres conflictos tienen su propia dinámica independiente, tienen también muchos elementos comunes, entre sí y en la conciencia de los pueblos afectados. Para muchos, desafortunadamente no para todos, paz, seguridad y derecho internacional o son globales e indivisibles o no existen realmente. Estos son principios a preservar y que deberían contar para todo el mundo.
El Estado de Israel sigue ejerciendo, apoyado por ese mediador parcial que es EEUU, una "ocupación beligerante", sujeta a las Regulaciones de la Haya (1907) y IV Convención de Ginebra (1949). Desde la Conferencia de Madrid, en la inmediatez de la guerra del golfo, han pasado otros once años de negociaciones políticas parciales, porque nunca contemplaron todas las dimensiones del problema: los refugiados, la partición de Palestina, la situación de los palestinos en Israel y la ilegal anexión de Jerusalén Este.
Con una visión de normalización gradual y sin garantías internacionales (siguen sin cumplirse las Resoluciones de Naciones Unidas 194 y 242) se defiende que el actual conflicto se podrá solucionar con una negociación razonable entre ocupantes y ocupados. Sin embargo, este conflicto empeora: el Foro de Londres sólo ha interesado en realidad a quienes se les negó la posibilidad de asistir a él; la imposibilidad de celebrar elecciones en Palestina es otro mal dato, sólo positivo para quienes favorecen la "estrategia de la tensión"; el fuerte consenso obtenido por el Likud y la incapacidad de las fuerzas políticas en Israel de presentar una alternativa a las presiones de los colonos o a las políticas de apartheid respecto de los palestinos dentro del estado de Israel no hacen presagiar nada bueno. Las políticas de hechos consumados prevalecen sobre hipotéticos derechos, reconocidos sí, pero no eficazmente hechos valer. En este caso paga sobre todo, no exclusivamente, el pueblo palestino.
El conflicto en el Sáhara es también un conflicto post-colonial en que vagos reconocimientos de derechos e institucionales, dilatados procesos de mediación, y propuestas inviables acaban cediendo, con la connivencia de quienes se sienten "moral e históricamente" responsables (pero sólo eso), ante la iniciativa del poderoso vecino, que tiene intereses mucho más tangibles y, sobre todo, la capacidad de imponerlos. Con el paso del tiempo, además, las propuestas de solución evolucionan en el sentido de las fuerzas más poderosas. No se puede entender de otra manera que la Resolución 1463/2003 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, prorrogue el plazo de la MINURSO "para dar a las partes tiempo de examinar la propuesta que se les ha presentado por el enviado personal del Secretario General" (James Baker). En cualquier caso, en ella se afirma que toda solución debe asegurar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Otra distinta iría contra derechos ya reconocidos y no facilitaría la tímida transición política marroquí, ni la normalización de relaciones en el área, que es necesaria para otras transiciones y para la integración económica regional. Pero, de nuevo, este retraso se hace sobre las víctimas saharauis de la potencia ocupante.
España tiene obligaciones en ambos conflictos. Su nueva condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que se une a la de haber propiciado la Conferencia de Madrid de 1991 sobre Oriente Medio y ser cosignataria de los Acuerdos Tripartitos sobre el Sáhara en 1975, debería significar una política activa, y autónoma, para la solución de ambos, fundada en la transparencia y en la consecución de un amplio consenso social. Pero las cosas no parecen encaminarse por ahí.
Y esto nos lleva al tercer conflicto: la "guerra preventiva" contra Irak o guerra del petróleo. La seguridad y el rediseño geoestratégico del área no han podido ocultar otra ambición "colonial": el aseguramiento de esa fuente primaria de energía y el control de su mercado. En este caso el gran vecino es EEUU, quizá por esto las viejas instituciones garantes del derecho internacional son consideradas tan molestas como inútiles. Si algo ha llamado la atención en este tercer caso es el carácter subalterno que la primera potencia concede a las NNUU, reservándose el derecho a una intervención no ajustada a los procedimientos establecidos internacionalmente.
El unilateralismo que EEUU impone impide una acción política coherente de los Estados y de las instituciones garantes del derecho internacional. Con la aceptación de su liderazgo, se compartan o no sus "últimas razones", (las bélicas), y la forma de imponerlas, se corre el peligro de echar por tierra los consensos básicos que pusieron en pie aquellas instituciones. Por esto no puede argumentarse desde la seguridad poniendo en marcha procedimientos que, en su impunidad y falta de restricciones, en lugar de revalidarla la disminuyen.
La Comisión de Vigilancia, verificación e Inspección de NNUU no ha encontrado pruebas, ellos las ofrecen. Hablan de armas de destrucción masiva, ocultando quiénes fueron sus suministradores en otro tiempo. Argumentan la necesidad de límites temporales a la labor inspectora para el cumplimento de Resoluciones aprobadas por NNUU cuando no son celosos en fijarlos, ni respetarlos en Oriente Medio ni en el caso del Sáhara Occidental.
Aun así, la guerra preventiva no debe servir para revalidar el papel de NNUU porque la ONU nació para evitarla. El único criterio que debería prevalecer es el bienestar de los pueblos. Por eso hay que decir "No a la guerra" mientras se sigue trabajando por el derecho, la paz y la justicia.
Joan Sifre Martínez es secretari general CS CCOO PV.
