Bruselas actúa contra la 'acción de oro' en Holanda, Dinamarca e Italia

La Comisión Europea volvió ayer a la carga contra la acción de oro, justo un día antes de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE presente sus conclusiones sobre el poder de veto que ostenta el Gobierno español en Tabacalera, Argentaria, Indra, Repsol, Telefónica y Endesa después de haber sido privatizadas. Bruselas pide, en concreto, a Holanda que le informe sobre el papel que juega el Estado en la compañía de telecomunicaciones KPN y en el grupo postal TNT. A Dinamarca, le inquiere sobre el aeropuerto de Copenhague. Y a Italia, que aclare varios puntos de la nueva legislación sobre sociedades privatizadas que le plantean dudas.

A los tres países les da un plazo de dos meses para que respondan a sus alegaciones y, si no reaccionan de una manera satisfactoria, serán llevados ante el Tribunal de la UE. El Ejecutivo comunitario vuelve a insistir en que la golden share, o cualquier tipo de derecho especial adquirido por un Gobierno para controlar una sociedad después de privatizarla, representa una clara "violación" al principio de libre circulación de capitales recogido en el Tratado de la UE. "Este tipo de poderes disuaden a los inversores de otros Estados miembros a la hora de dirigir su capital hacia las empresas cubiertas por la acción de oro", indicaron fuentes del Ejecutivo comunitario.

El caso español

Bruselas recuerda que el poder de veto de los Gobiernos en una empresa privatizada sólo está justificado por "motivos de imperiosos de interés general" y en cualquier caso debe aplicarse de una forma "objetiva", "no discriminatoria" y "proporcional". En el caso de Italia, se da además la circunstancia de que fue condenada por el Tribunal de la UE a poner fin a la acción de oro. Pero la Comisión Europea duda de que los cambios introducidos en la nueva ley sobre sociedades privatizadas pongan fin a este mecanismo, al introducirse una serie de "prerrogativas especiales" que pueden "desanimar" a los inversores extranjeros.

Lo interesante hoy será ver cómo se las ingenia el abogado general del Tribunal de la UE, el español Dámaso Ruiz-Jarabo, para presentar sus conclusiones sobre la golden share española sin desmarcarse de la sentencia que en junio de 2002 adoptó la Corte europea sobre el caso francés y portugués. Ruiz-Jarabo, en sus conclusiones previas a la sentencia sobre la acción de oro en Francia, Bélgica y Portugal, defendió sin tapujos el recurso a este poder de veto que tienen los Gobiernos.

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para dar una indicación a los jueces sobre por dónde podría ir la sentencia final del Tribunal de la UE (se sigue en un 80% de los casos). La Comisión, como en los casos antes citados, decidió tras un intenso y agrio debate entre el comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, y la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, llevar el caso español ante Luxemburgo para forzar al Gobierno a abandonar esos poderes especiales.