Los defensores de la privacidad luchan por dinamitar el 'Gran Hermano' de Bush

Rastrearán tus comunicaciones. Controlarán tus transacciones bancarias. Sabrán dónde compras. Dispondrán de tus mamografías. Sabrán qué aviones coges y tus notas en la Universidad.

Éste no es el argumento de una película de espionaje, ni siquiera un libro de ciencia ficción. Todas estas acciones de vigilancia serán posibles gracias al Sistema de Conocimiento Total de la Información (Total Information Awareness System, TIA), un proyecto del Gobierno de Estados Unidos, conocido como Gran Hermano, con 10 millones de dólares del Pentágono para gastar este año.

TIA es un sistema, en prototipo, de data-mining (cruce de las bases de datos) que permitirá a fuerzas policiales y judiciales rastrear millones de bases de datos públicas y privadas de Estados Unidos y de los demás países. El objetivo, dicen es descubrir terroristas.

Numerosas asociaciones norteamericanas en defensa de la privacidad y las libertades han emprendido campañas para que el Congreso de Estados Unidos no apruebe este plan de vigilancia.

A esta lucha se suman varias propuestas de ley presentadas por senadores demócratas. El senador Ron Wyden planteó hace un par de semanas una enmienda para dejar sin efecto la asignación económica presupuestada para 2003.

El jueves pasado el Senado de Estados Unidos aprobó la propuesta que exige a la Administración Bush un informe sobre los objetivos del programa y bloquea los fondos hasta que el Pentágono detalle el impacto del programa en las libertades civiles. Después deberá ser discutida de nuevo en el Senado y en el Congreso.

Éste es el primer varapalo a la Administración Bush en favor de todos aquellos que defienden la privacidad.

La práctica de data-mining viola "algunas de las libertades que justamente estamos luchando para preservar", declaró el senador Russ Feingold, del Partido Demócrata. Feingold también presentó el proyecto de la Ley de Moratoria de Data Mining, que suspende la implantación de programas de data-mining hasta que el Congreso haya llevado a cabo una revisión exhaustiva.

Una Constitución más débil

Nueve organizaciones en defensa de los derechos han redactado una carta donde muestran su oposición radical al programa de vigilancia.

La Unión por las Libertades Civiles Americanas (ACLU) alerta de que el Gran Hermano ha dejado de ser una ficción. Y recuerda que los atendados del 11 de septiembre alimentaron la falacia de que debilitando la Constitución se hace más fuerte América. Según el director de ACLU, Barry Steinhardt, existen pocos recursos legales que puedan impedir que los negocios vendan sus bases de datos al Gobierno. Sin embargo, Steindhart, considera que no hay mucho problema. Las ineficacias que se cometen en el manejo de las bases de datos, tanto de empresas como de gobiernos, protegerán la privacidad para siempre, ha asegurado el director de ACLU. TIA extiende el campo de investigación a bases de datos domésticas. El sistema usará la futura tecnología para detectar patrones de conducta sospechosos.

Falta de confianza

"La historia demuestra que no se puede confiar en las agencias gubernamentales que cuentan con un poder de vigilancia no reglamentada. Electronic Frontier Foundation (EFF) aplaude aquellos miembros del Congreso que tratan de prevenir cualquier tipo de expedición electrónica en nuestras vidas diarias", explica Lee Tien, abogado de EFF.

Según la página de la asociación, los documentos de DARPA indican que está previsto un gasto de 240 millones de dólares en el proyecto TIA para el periodo fiscal 2001- 2003.

En el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) explican que la reivindicación de la tecnología data-mining es exagerada y que se corre un riesgo enorme de ser "acusado por un ordenador".

Un estudio del centro CDT revela que al menos ocho compañías tecnológicas privadas han ganado contratos para trabajar codo con codo con DARPA en este programa.

El informe también cuenta que, como mínimo, 24 universidades norteamericanas han recibido cerca de 10 millones de dólares para investigar en proyectos relacionados con la tecnología de TIA.

La elección realizada por el Pentágono del responsable del proyecto Total Information Awareness también ha levantado ampollas: John Poindexter, ex consejero de Seguridad Nacional de Reagan.

Poindexter fue hallado culpable de cinco cargos que pesaban sobre él por la venta ilegal de armas norteamericanas al Gobierno de Teherán a cambio de la libertad de rehenes estadounidenses en Líbano. Un año después fueron retirados todos los cargos del escándalo conocido como Irangate.