Chaves e Ibarra dan por resuelto el conflicto del subsidio tras una reunión con Zaplana

El conflicto del subsidio agrario, el único de los ocho puntos del decretazo que el Gobierno no ha rectificado, está a punto de resolverse. Los presidentes de Andalucía, Manuel Chaves, y Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostraron seguros ayer de que esta batalla está cerca de su final tras reunirse con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en Sevilla. Según los dos presidentes socialistas, Zaplana se comprometió a que las nuevas prestaciones a los jornaleros tendrán carácter contributivo (con derecho a pensión), el último gran escollo de la negociación del Gobierno con los sindicatos. Chaves añadió que la única "incógnita" es saber si la "propuesta verbal" de Zaplana se mantendrá "por escrito".

"Los derechos de los jornaleros parece que van a ser restituidos con un nuevo decreto", proclamó Ibarra tras la reunión que los dos presidentes socialistas mantuvieron con el titular de Trabajo en el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta andaluza.

Esta cita, que empezó a las 19.00 y duró una hora, se convocó al mediodía a toda prisa y aunque Zaplana no llevó su propuesta definitiva por escrito, como se había comprometido, parece que sirvió para limar las últimas diferencias que separaban a las sindicatos y a las dos administraciones autonómicas con el Gobierno central.

Tras la reunión, Zaplana fue poco explícito acerca de su contenido, aunque aclaró que cada vez estaba "más optimista" sobre la posible solución de este conflicto. La única novedad que aportó Zaplana es que la propuesta definitiva sobre el subsidio agrario iba a estar redactada el próximo sábado y que sería remitida a los gobiernos de Andalucía y Extremadura.

En ningún momento quiso hablar del contenido de sus propuestas e insistió en que, sobre todo, estaba haciendo una "labor de explicación" de las tesis del Gobierno. Preguntado concretamente sobre el carácter contributivo de las nuevas prestaciones de los jornaleros, Zaplana volvió a reiterar una opinión que ya había manifestado: "Si esa fuera la diferencia, el acuerdo sería muy posible".

"Por escrito"

En una comparecencia posterior, tanto Chaves como Ibarra se pronunciaron de un modo más claro y también optimista, aunque el presidente andaluz introdujo la cautela de que quería ver por "escrito" la "propuesta verbal" del ministerio. "La posición final será cuando veamos el texto del ministerio", dijo Chaves, que subrayó que le habría gustado haber visto sobre un papel la oferta del ministro.

El presidente andaluz explicó que Zaplana se comprometió a mantener los principales capítulos de protección que ofrece el régimen por el que se rigen los jornaleros. Así, además del carácter contributivo de las prestaciones, Chaves aseguró que el ministro hizo hincapié en que se mantendrá que las 35 peonadas den derecho percibir el 75% del salario mínimo interprofesional durante seis meses (e incluso incrementarlo si se hacen más peonadas) y que se permitirá volver al sistema a quienes durante un tiempo trabajen en otro sector. "Los nuevos beneficiarios tendrán los mismos requisitos" que los jornaleros que están actualmente en el régimen especial agrario, dijo.

El presidente de la Junta avanzó también que, a tenor del contenido de la reunión, el sistema estará vigente durante seis años, con análisis periódicos, y que se intentará que quienes están en él converjan hacia el sistema general de la seguridad social.

En la actualidad unos 365.000 jornaleros (300.000 de ellos andaluces y 65.000 extremeños) están acogidos a este régimen exclusivo de estas dos comunidades. El decretazo garantizaba a estos trabajadores el cobro del subsidio pero cerraba el acceso a nuevas incorporaciones, lo que puso en armas a los sindicatos y a las comunidades de Andalucía y Extremadura, crisis que se acentuó tras el verano toda vez que el Gobierno rectificó siete de los ocho puntos de su polémica iniciativa y sólo mantuvo sus posiciones acerca del subsidio.

De hecho, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras anunciaron a principios de mes una huelga general en el campo para el próximo 20 de febrero si el Gobierno no cambiaba de opinión.

Ibarra subrayó que el decretazo ha "privado de sus derechos" a un importante número de trabajadores y que con la propuesta hablada ayer "esos derechos parece que van a ser restituidos", dejando entrever, pero sin decirlo, que el Gobierno ha hecho, con el paso del tiempo, una rectificación en toda regla sobre este asunto. "Tendrá el nombre que tenga", dijo Ibarra, pero no va "existir diferencia entre quien está dentro del sistema y el que está fuera". E incidió en esta opinión: "Llámese como se llame, hoy se restituye el derecho a percibir el subsidio".