La Junta quiere comprar la desaladora de la Costa del Sol
Aunque no se ha tomado todavía la decisión definitiva, la Junta de Andalucía se plantea participar en la compra y gestión de la desaladora construida en 1997 por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en la época en la que la institución estaba presidida por Jesús Gil.
De esta manera, la Junta sustituiría al Gobierno como socio de referencia para intentar saldar una operación que ha generado una cuantiosa deuda impagada y en la que se han cometido "numerosas irregularidades", según los actuales gestores del organismo supramunicipal. "La Junta intentará un acuerdo amplio con la Mancomunidad para garantizar la entrada en servicio de esta planta y su gestión", sostiene Juan Corominas, secretario general de Aguas de la Consejería de Obras Públicas.
Corominas cree que "es posible que estemos obligados a utilizar la desaladora este año; en 2002 el aumento del consumo en la Costa del Sol fue mayor 13,5% que marcan las estadísticas, porque se están utilizando recursos superficiales y acuíferos que no están controlados por contadores". La Junta pretende "llegar a acuerdos de colaboración con las mancomunidades, para ampliar infraestructuras y resolver los problemas de falta de garantía de suministro", añade.
El Consejo de Ministros encargó en 2000 a la empresa pública Acusur, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Sur, que comprara esta planta, pero dos años después la operación no se ha llevado a cabo y fuentes de Acusur confirmaron a este periódico que "los 41,45 millones de euros necesarios para la adquisición no figuran en los Presupuestos Generales del Estado de este año". La Mancomunidad tiene ahora mismo dos embargos de sus cuentas por 4.300 millones de pesetas
, para los que ha presentado un aval de El Monte de Sevilla y Huelva, que tramita sustituir por otro de Unicaja. Los embargos son por 16,22 millones de euros de intereses del principal de la deuda, y de 9,61 millones de los gastos de mantenimiento de los años 1997, 1998 y 1999.
La empresa constructora, Decosol, -formada por Endesa, Laín y Aguas de Barcelona, que se retiró- reclamaba inicialmente a la Mancomunidad 90 millones de euros, de los que cinco años después de terminar la obra "sólo ha cobrado 425 millones de pesetas ", según el abogado de la sociedad, Rafael Suárez de Lezo. La empresa tiene un contrato administrativo por 50 años de mantenimiento de la planta. Pero los contratos y concesiones administrativas firmados durante el mandato de Gil pueden verse recurridos en los próximos días.
Corominas reconoce que "la situación es muy enrevesada y la participación de la Junta estará en función del dictamen que saldrá en los próximos días del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la legalidad del proceso de adjudicación realizado por de Gil". La desaladora todavía no ha entrado en funcionamiento, pero tiene capacidad para generar 16 hectómetros cúbicos de agua al año, "una cuarta parte de nuestro suministro anual", afirma Antonio Rodríguez Leal, vicepresidente de la Mancomunidad y consejero delegado de su empresa de aguas, Acosol.
Hace unos meses hubo un principio de acuerdo entre Acusur y Acocol de una parte y Decosol de otra. Se dio por buena la tasación de 41,45 millones de euros, realizada por la empresa pública Segipsa, que pagaría Acusur. Y se rebajó a 21,03 millones el montante de mantenimiento e intereses reclamado por la constructora, de los que se haría cargo la Mancomunidad. La operación no se cerró por desavenencias entre los compradores: "Acusur, compraba la planta, pero pretendía que siguiéramos pagando el mantenimiento y nos pedía devolver los 41,45 millones en 75 años", afirma Rodríguez Leal. Fuentes de Acusur atribuyen la ruptura "al temor de los alcaldes a tener que subir las tarifas". Tras deshacer el acuerdo de compra, vino el embargo.
