"La política de vivienda del Gobierno del PP es una desgracia para los ciudadanos"

Diputada socialista por Sevilla en el Congreso en las dos últimas legislaturas, Isabel Pozuelo (San Fernando, Cádiz, 1952) entró como persona de confianza de Manuel Chaves en la actual ejecutiva federal del PSOE, creada tras la revolución de José Luis Rodríguez Zapatero en el partido. Pozuelo lleva dos años como secretaria federal de consumidores y usuarios, y concentra la labor de oposición del PSOE en esta materia, en la que cree que el Gobierno central se ha dejado llevar por "los intereses de las grandes corporaciones".

Pregunta. La defensa de los derechos de los consumidores es una preocupación reciente, un indicador del desarrollo de una sociedad. ¿Cuál cree que es la situación de la sociedad española?

"Pedimos que el ministro de Interior explique qué pasó en la comisaría de Málaga"

Hay suelo para dar casa a 15 millones de españoles, pero el precio no se abarata"

"En la quiebra de las academias de inglés, el Gobierno ha amparado a los bancos" "

Respuesta. En estos seis años ha habido un parón importantísimo. Los derechos de consumo del ciudadano no dejan de ser unos derechos de ciudadanía y el Gobierno del PP ha hecho una dejación absoluta de los derechos de ciudadanía en estos años: eso ha afectado a los derechos de protección de consumidores. La falta de liderazgo del Gobierno en materia de consumo ha sido absoluta, ha dejado paralizadas todas las iniciativas. Por dar un ejemplo, el Consejo de Consumidores y Usuarios ha estado cerca de tres años sin ponerse en funcionamiento y todavía hoy no está en marcha. Y hablamos del órgano donde reside el primer nivel de representación de las asociaciones de consumidores y usuarios a nivel estatal. La falta de iniciativa es patente en problemas como los que ha generado la quiebra de las academias de inglés.

P. El Gobierno acaba de anunciar que prepara una modificación en la Ley de Crédito al Consumo para hacer frente a problemas de ese tipo en el futuro.

R. No sé si eso se va a hacer finalmente pero lo cierto es que esas academias han quebrado y los bancos siguen cobrando a los afectados los créditos que contrajeron, en muchos casos con información falsa y cláusulas abusivas. La ministra [de Sanidad y Consumo, Ana Pastor] dijo que el Gobierno haría todo lo posible para que se repusiese el dinero y eso se ha demostrado que no es verdad. Porque el Gobierno lo tenía fácil: sólo tenía que calificar estos créditos como créditos al consumo, porque en ese caso la obligación de pago terminaba. Pero no lo hizo, porque en este caso el Gobierno ha amparado a los bancos. Después de la quiebra de Brighton y de Opening, el PSOE hizo una propuesta, con iniciativas como considerar abusivo que se cobre de manera anticipada unos cursos que tienen una duración amplia. La propuesta se rechazó y en este tiempo se ha producido el caso de Oxford English, que va a elevar el número de afectados a 150.000 en todo el Estado.

P. En los últimos años, se están liberalizando servicios públicos que ahora venden en el mercado dos o tres grandes compañías en sectores básicos, ¿el consumidor tiene armas suficientes para defender sus derechos ante posibles actuaciones abusivas?

R. El Gobierno ha hecho una dejación de su obligación de proteger a los ciudadanos en favor de las grandes corporaciones económicas. La liberalización tenía un objetivo fundamental: mejorar el servicio, aumentar las inversiones por parte de las empresas para poner a disposición de los ciudadanos más infraestructuras y abaratar los precios. Ninguna de esas condiciones se cumple ahora. Al contrario. Nos encontramos con servicios más caros, infraestructuras muy deterioradas, tenemos un país incapaz ahora de ofrecer un servicio eléctrico en condiciones para la demanda que necesita, o incapaz de abordar una demanda de nuevas tecnologías.

P. Todo eso depende ahora de decisiones empresariales.

R. Eso tiene responsables, tiene razones de ser: el Gobierno no ha exigido a las empresas que cumplan con sus mínimas obligaciones contractuales. Este Gobierno no tiene autonomía política suficiente porque está en manos de las grandes corporaciones y de los grandes intereses económicos. Esto no son frases hechas, no son eslóganes políticos, es la realidad. Hay que recordar que las compañías eléctricas recibieron un billón y medio de pesetas de regalo como coste de transición a la competencia, precisamente para justificar que la situación de monopolio pasaba a ser una situación de competencia entre varias empresas. Y ese regalo significó la imposición de un recargo del 4,5% en el recibo de la luz, recargo que seguimos pagando. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, se comprometió a que el precio de la luz iba a bajar un 9% en tres años, periodo que cumple en 2003. No sólo no se ha rebajado, sino que el Gobierno ha vuelto a acordar un aumento del precio de la luz para los próximos diez años. Ése es el nuevo regalo de Rato a las grandes compañías.

P. Los consumidores sitúan el acceso a la vivienda como su principal preocupación, pero los precios no parecen muy sensibles a esa preocupación.

R. Estoy convencida de que esta situación se modifica con cuestiones legales y con decisiones políticas. El principal problema que estamos sufriendo es que el Gobierno no ha hecho política de vivienda, ha dejado al mercado que regule la situación de la vivienda. La vivienda ha dejado de ser un bien protegido por el Gobierno y ha pasado a ser un objeto de deseo de los especuladores.

P. El Gobierno insiste en que la receta es liberar suelo para bajar el precio de la vivienda.

R. El Gobierno hace una modificación de la Ley del Suelo, en 1998, que establece cosas tan bestiales como incluir en el valor legal del suelo las posibles plusvalías que pueda generar en un futuro. Cuando eso se hace no sólo está marcando el valor del suelo en el caso de expropiaciones, que era el objetivo primero, sino también estás marcando una pauta de comportamiento al darle de inicio ese valor aumentado al suelo. En esto de la liberalización del suelo siempre han buscado culpables. Antes decían que los ayuntamientos sólo buscan negocio con el suelo. Es cierto que el suelo público es un elemento de financiación municipal. Pero si eso tiene un control y unas pautas claras en la legislación no tiene porqué conllevar el deterioro de la situación que vivimos ahora. Ahora hay suelo urbanizable disponible para construir cinco millones de viviendas. Eso significa dar vivienda a 15 millones de españoles, demanda que no existe en esos términos en absoluto. Sólo en Madrid hay suelo disponible para construir ya 800.000 viviendas, ¡una ciudad nueva!. Y el precio no se abarata. Las modificaciones legales del Gobierno han causado una subida espectacular del precio del suelo. Y otras actuaciones del Gobierno han ayudado, como el uso que hace del patrimonio público de suelo, como se ve en la subasta de terrenos que corresponden al Ministerio de Defensa. La política de vivienda del PP es una desgracia para los ciudadanos

P. El PSOE también critica la falta de vivienda protegida, pero las comunidades en las que gobierna no asume planes propios

R. Sí existen muchas medidas complementarias que me consta que la Junta de Andalucía realiza, igual que me consta que ha pedido al Gobierno que adjudique a Andalucía financiación para muchas más viviendas de las que le ha asignado. Pero el problema es que las condiciones de financiación y de precio dependen de una reglamentación estatal, lo que deja a las comunidades autónomas un margen muy escaso.