Los jueces de instrucción piden más medios para implantar los juicios rápidos en abril

Los juicios rápidos e inmediatos, en cuya eficacia confía el Gobierno del PP para aplacar el aumento de la delincuencia, serán un fracaso en Madrid si las distintas administraciones eluden hacer "un esfuerzo especial y generoso" y no ponen a disposición de los jueces los "medios materiales y humanos" necesarios para llevarlos a cabo. Así se advierte en un documento que aprobó ayer por unanimidad la junta de jueces de instrucción de Madrid, presidida por el decano, José Luis González Armengol. El documento será presentado el lunes en el Ministerio y la Consejería de Justicia.

Los jueces de instrucción (en Madrid hay 46) son los que investigan los delitos y sobre los que recaerá la misión de celebrar los anunciados juicios rápidos e inmediatos a partir del próximo 28 de abril. Los rápidos consisten en juzgar a un delincuente en menos de 15 días, y los inmediatos, en cuestión de 48 horas a partir de la detención.

En el documento aprobado ayer, los jueces parten de que "el partido judicial de Madrid, al que pertenecen casi cuatro millones de personas, no es equiparable a cualquier otro". Por ello, creen que, dada su población, la capital debería tener 70 juzgados de instrucción, y siete de ellos dedicados al servicio de guardia. Pero como la realidad es que actualmente hay 46 juzgados de este tipo y que sólo se van a crear cuatro más (en total habrá 50), la junta estima correcto, para no abrumar a los magistrados, que sean cinco los juzgados que se turnen diariamente en las guardias. El Ministerio de Justicia ha aceptado ya esta última propuesta, por lo que la capital dispondrá desde el 28 de abril de cinco juzgados de guardia.

Los jueces también reclaman que todos los juzgados de guardia desarrollen su labor en la sede central de la plaza de Castilla, y que se habiliten en ella zonas diferenciadas para que "imputados, víctimas y testigos" no se crucen en los pasillos mientras se celebran los juicios. La Consejería de Justicia es partidaria de trasladar a otros edificios algunos órganos judiciales ubicados ahora en la congestionada sede de la plaza de Castilla y ocupar los huecos con los cuatro nuevos juzgados de instrucción que se van a crear con vistas a los juicios rápidos.

Los jueces sostienen en el documento que tres de los cinco juzgados del turno de guardia deben dedicarse a juicios rápidos por delitos y a juicios inmediatos por faltas, que el cuarto juzgado se encargue de interrogar a un máximo diario de 30 detenidos y que el quinto se dedique a las diligencias (levantamiento de cadáveres, registros, adopción de medidas cautelares). Además, y ante el aumento de trabajo que depararán los juicios rápidos, los magistrados piden que se eleve la retribución del turno de guardia, fijada ahora en unos 132 euros. Los jueces calculan que tendrán que enfrentarse a una media de 220 vistas rápidas a la semana y a unas 125 inmediatas.

Violencia doméstica

Para los casos de violencia doméstica los jueces propugnan que, mientras dure la guardia, haya un trabajador social o un psicólogo a disposición de las víctimas, y que cada juzgado de guardia disponga de un vehículo para, entre otras cosas, trasladar a testigos y víctimas a los juzgados, lo que evitará la suspensión de muchos juicios, ya que algunas víctimas eluden ir a las vistas por temor a toparse con sus agresores.

Los jueces también demandan que se refuerce el personal de seguridad y el servicio de peritos e intérpretes ("especialmente de las lenguas más comunes"), y que el laboratorio de análisis de sustancias estupefacientes funcione a lo largo de toda la guardia y no como ahora, sólo durante la jornada de trabajo ordinaria.

Las normas de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan los nuevos juicios rápidos, dejan inicialmente en manos de la policía la selección de casos susceptibles de ser enjuiciados de forma rápida. También faculta a los agentes para que sean éstos los que citen para el juicio a víctimas y agresores. Para evitar que la policía pueda elegir al juez que tramite un determinado caso, en el documento aprobado ayer los jueces establecen mecanismos de cautela que garanticen su imparcialidad: uno de ellos es que los agentes les informen, "entre las siete y las nueve de la mañana" de cada día, de las causas susceptibles de juicio rápido o inmediato. Ellos las estudiarán y, en función de las pruebas aportadas, validarán o no la selección de asuntos hecha por la policía. Además se "repartirán por riguroso orden" todos y cada uno de los asuntos que les pasen los agentes, todo ello con la finalidad de impedir que éstos puedan elegir al magistrado que crean más próximo a sus tesis.