Muere el séptimo inmigrante herido tras el fuego intencionado de la comisaría de Málaga

El goteo de muertes tras el incendio provocado el pasado 27 de diciembre en los calabozos de la comisaría de Málaga es incesante. Ayer falleció el séptimo inmigrante que desde entonces permanecía ingresado en la unidad de vigilancia intensiva del hospital Carlos Haya con pronóstico grave por quemaduras y lesiones respiratorias. Otro lesionado continúa internado en el mismo centro sanitario, pero aunque está grave, no se teme por su vida. Andalucía Acoge ha pedido un peritaje judicial para que se determine si funcionaron los sistemas antiincendios.

En el siniestro resultaron heridos 14 ciudadanos marroquíes. Con la víctima de ayer, ya ha fallecido la mitad. Según las ONG, este rosario de decesos pone en entredicho la versión del Gobierno de que la actuación policial fue correcta y se produjo 20 segundos después de que fuera detectado el fuego.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Rahmuni, cree que el balance de víctimas refleja que existieron "fallos y negligencias". Los magrebíes estaban detenidos en los calabozos de la comisaría provincial a la espera de su repratriación. Según la Subdelegación del Gobierno, el patrón de la patera en la que habían llegado unos días antes, Ahmed Ahagan, que fue la primera víctima mortal, prendió fuego a un colchón para generar un tumulto y luego huir.

Por eso, el ministro del Interior, Ángel Acebes, en su reciente visita a Málaga, tras defender la actuación policial, culpó a las redes que trafican con inmigrantes.

Rahmuni no ocultó su indignación: "Hay siete muertos, el ministro no puede decir que la actuación fue intachable y responsabilizar a las mafias. La responsabilidad de las mafias termina cuando esas personas están detenidas bajo la custodia del Ministerio del Interior. Claro, como son inmigrantes, qué más da, si al final mueren en el Estrecho. Pero es preferible morir en el Estrecho que en una comisaría".

Peritaje judicial

Por su parte, Málaga Acoge -cuyos letrados representan a uno de los heridos- ha requerido al Juzgado número 9 de la capital, que investiga el siniestro, que ordene un peritaje sobre el funcionamiento de las medidas contra incendio y el plan de evacuación de la sede policial. El presidente de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez, coincidió con Rahmuni en que la larga lista de muertos deja en evidencia fallos en la respuesta policial ante el siniestro. "Tenemos más que sospechas de que algo no ha funcionado. Es cierto que la verdadera responsabilidad es de quien prendió el colchón, pero si hubieran funcionado las medidas antiincendio, el fuego se habría sofocado. Por eso queremos un peritaje independiente del informe de bomberos y de la policía".

Para la organización humanitaria, la investigación judicial deberá determinar si hubo negligencia, pero para Rodríguez está claro que hay una responsabilidad civil subsidiaria del Estado, dado que los inmigrantes estaban bajo la custodia del Ministerio del Interior. Atime confirmó que las familias de los fallecidos demandarán por ello a la Administración central.

Además de exigir el peritaje, Málaga Acoge ha solicitado al juez que requiera a la comisaría el plan de evacuación y un informe de los sindicatos policiales que ya en 2001 alertaron sobre supuestas deficiencias en las medidas contra incendio de la comisaría malagueña. A raíz de las denuncias públicas hechas por las ONG en este sentido, el defensor del pueblo andaluz ha abierto una queja de oficio.

Ayer, la Mesa del Congreso tramitó la petición del propio ministro para comparecer ante la Cámara y otra del Grupo Socialista presentada cuando el número de víctimas ascendía a tres. Tras conocerse el fallecimiento del séptimo herido, los socialistas elevaron una nueva interpelación. "Han transcurrido tres semanas y ha habido siete muertes, pero aún quedan muchas dudas. El ministro ya tendría que haber comparecido", criticó el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, quien recordó que desde que el PP llegó al poder la plantilla de la comisaría provincial se ha reducido en un 30% y que el día del incendio "sólo había cinco policías para controlar todo el edificio".