El PSOE advierte de que expulsar a los extranjeros que delincan supone garantizarles la impunidad

El PSOE respondió ayer con desdén al goteo de medidas para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal anunciadas por el Gobierno. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, aseguró haber encontrado "pocas novedades" en las reformas prometidas por el ministro del Interior, Ángel Acebes, y recordó que algunas de ellas han sido reclamadas "muchas veces" por el Parlamento; en concreto, el endurecimiento de las penas para los traficantes de personas, la tipificación de la ablación como un delito específico o la posibilidad de que los inmigrantes puedan acogerse a la legislación española en materia de separación y divorcio.

Hay, sin embargo, una medida con la que el PSOE no está de acuerdo: la expulsión automática de todos los inmigrantes acusados de delitos castigados con penas inferiores a seis años de cárcel. Esta iniciativa, afirmó Caldera, requiere una "reflexión muy a fondo", pues hay el riesgo de que al extranjero "el delito le salga gratis", mientras que al español se le castigue por el mismo hecho con la cárcel, lo que supone una desigualdad de trato. Además, advirtió, nadie garantiza que los delincuentes expulsados no regresen, ya que "las fronteras son un coladero".

En todo caso, subrayó, la necesidad de medidas como las anunciadas en los últimos días por el Gobierno "certifican el fracaso" de José María Aznar, bajo cuyo mandato "se ha incrementado la criminalidad como nunca". El portavoz socialista recordó que el PP cambió la Ley de Extranjería con el pretexto de eliminar el efecto llamada y éste se ha "incrementado notabilísimamente". Para hacer frente a la delincuencia, concluyó Caldera, "no es suficiente" con cambiar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que es necesario "evitar que se cometan delitos", lo que pasa por una política de prevención que el Gobierno "ha abandonado".

También la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, advirtió del "gran riesgo de impunidad" que conlleva la expulsión automática de inmigrantes acusados. La aplicación de esta medida, argumentó, puede suponer que haya "víctimas de primera y de segunda clase en función de que el delincuente sea español o extranjero".

Rumí se preguntó "quien garantiza que esa persona no esté de vuelta en España en cuatro horas" y a qué país se le expulsará cuando no sea posible determinar su nacionalidad o no haya un convenio de devolución con su país de origen. En su opinión, el PP padece "un síndrome total de oposición" que le lleva a multiplicar propuestas electoralistas cuando su responsabilidad es gobernar.

En la misma línea, el primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, recordó que la actual ley permite al Gobierno expulsar a los inmigrantes irregulares antes de que comentan un delito, pero éste no la aplica. "Al hacer que necesariamente sea un requisito indispensable para ser expulsados que cometan un delito ¿está induciendo [el ministro Ángel] Acebes a los inmigrantes a cometer un delito?", se preguntó.

Montilla acusó al Gobierno de "tratar de engañar" con "propuestas oportunistas" sobre inmigración o delincuencia para "tapar el chapapote".